El decreto establece que a partir de ahora, los extranjeros que ingresen a Perú y no cumplan con “la obligación de identificarse ante la autoridad competente” serán expulsados del país.
De acuerdo con la organización, el documento pone en evidencia algo que han denunciado reiteradamente: a los detenidos se les niega “regular y sistemáticamente el acceso a las formas más básicas de atención de salud física y mental y se las somete a condiciones que causan daños duraderos”.
El funcionario fue parte de la primera administración del mandatario electo como jefe de la Patrulla Fronteriza.
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