Según información de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, el dato de homicidios en la zona oscila entre los sesenta y los ochenta.
La entidad rechazó las afirmaciones del magistrado Roberto Vidal en las que afirmó que cerca de medio billón que iban a recibir para proyectos restaurativos fue enviado a la Unidad de Víctimas y no a ellos.
La directora de la entidad, Lilia Solano, anunció que en las últimas horas se trasladó un equipo conjunto con la Alcaldía de Bogotá y líderes de la comunidad, para revisar las condiciones que permitan un regreso digno de la población.
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