Se suspendió la actividad económica del establecimiento y el propietario fue capturado por el delito de corrupción de alimentos, por lo que podría enfrentar una condena de 5 a 12 años de cárcel.
En decisión reñida, el alto tribunal indicó que las restricciones que permitía imponer la ley afectaban la libre competencia y elección del consumidor.
José Luis Bohórquez, mandatario de la “Perla de Boyacá”, le solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario que haga la investigación y tome las medidas pertinentes.
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