El secretario Idárraga dejó claro su papel desde la Presidencia para realizar las advertencias en pro de la transparencia en la contratación del Estado, pero también dejó clara la autonomía del Ministerio de Salud.
Según el Ministerio Público, la suspensión de la licencia debe estar respaldada por pruebas de un riesgo o daño potencial al medio ambiente o la salud humana, como plantea la demanda.
Se espera que este macroproyecto se convierta en una apuesta de desarrollo urbano sostenible para Cartagena.
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