A través de un comunicado, la anterior administración aseguró que los señalamientos por malos manejos son falsos y que lo que se ha mencionado como “hallazgos” corresponde a situaciones previamente reportadas.
La Contraloría General señaló que, conciliar una eventual terminación anticipada, implicaría tener que pagarle al concesionario hasta $350.000 millones, por no haber recibido a cambio ningún ecosistema restaurado.
Hernán Jojoa, contralor delegado de responsabilidad fiscal y el congresista Jaime Salamanca, presidente de la Cámara Representantes, se pronunciaron en La W sobre la inhabilidad de Jhoany Palacios, quien sigue ocupando su cargo.
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