La Contraloría General señaló que, conciliar una eventual terminación anticipada, implicaría tener que pagarle al concesionario hasta $350.000 millones, por no haber recibido a cambio ningún ecosistema restaurado.
El ente de control asegura que hay un inminente desabastecimiento de combustibles y que el Gobierno debe atender esta situación.
Hernán Jojoa, contralor delegado de responsabilidad fiscal y el congresista Jaime Salamanca, presidente de la Cámara Representantes, se pronunciaron en La W sobre la inhabilidad de Jhoany Palacios, quien sigue ocupando su cargo.
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