Este afluente ubicado en el caribe colombiano fue frecuentemente usado como sitio de lanzamiento de cadáveres de personas asesinadas por grupos paramilitares y la guerrilla.
La Contraloría General señaló que, conciliar una eventual terminación anticipada, implicaría tener que pagarle al concesionario hasta $350.000 millones, por no haber recibido a cambio ningún ecosistema restaurado.
La ministra de Ambiente sostuvo que como obra de mitigación del riesgo, tiene deficiencias en los estudios y los impactos no está claro cómo se van a manejar sobre todo los sedimentos.
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