La Contraloría de Bogotá detectó un posible detrimento fiscal de $5.379 millones en contratos de mantenimiento del sistema de videovigilancia entre 2021 y 2023.
La inversión para la adquisición de las cámaras será de $1.000 millones y se espera que para final de año se de inicio a la instalación de estos elementos de seguridad.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud expedir una resolución en la que se reglamente la instalación de cámaras de videovigilancia en instituciones sanitarias.
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