Protestas en Puerto Boyacá por incumplimiento de proyecto de vivienda
Se trata de una resolución que beneficia 346 familias de bajos recursos, en su mayoría madres cabeza de familia. Están esperando desde hace seis años.
Advierten que, de no tener una respuesta de la administración municipal, acudirán a las acciones de tutela y organismos de control.. Foto: Suministrada(Thot)
Henry Díaz Castro, de la Asociación de Vivienda Pa Ya, cuenta que, en el año 2015, en la administración del alcalde de Puerto Boyacá, Fernando Rubio, 346 familias fueron beneficiadas, mediante una resolución, de un subsidio que consta de un lote de terreno de 62 metros cuadrados para desarrollar viviendas unifamiliares.
En la administración de Óscar Botero y con gestiones que, según Díaz, realizaron las familias, ante el entonces gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, lograron conseguir compromisos por $2.000 millones, maquinaria la Gobernación y 1000 galones de combustible mensual.
“Nosotros aportábamos la mano de obra, y el municipio aportará entre $2.000 y $3.000 millones para iniciar la construcción de vivienda. Desafortunadamente no hubo voluntad política de la administración de Óscar Botero y los cuatro años pasaron prácticamente en blanco”, explica Díaz Castro.
En la mañana de este 11 de agosto, las familias se encuentran realizando una manifestación frente a la Alcaldía de Puerto Boyacá, según Díaz porque se ha solicitado de manera escrita una reunión con el mandatario Jicly Mutis para avanzar.
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“Prácticamente nos están castigando por no haber sido de esa línea política que llegó a la Alcaldía y no nos atiende”, dijo y agregó que le reocupa es que parece ser que piensan montar un proyecto donde prácticamente las familias tendrán que pagar $50 millones a las entidades financieras.
“Las familias no está en capacidad económica porque son de bajos recursos que integran esta resolución de las cuales el 80% son madres cabeza de familia”, explicó.
Las familias aseguran que están recopilando toda la información desde 2015 de todo el proceso, porque de no avanzar, emplearán recursos judiciales como la acción popular para garantizar sus derechos.
