Procuraduría pide que se impida reconstrucción de cabañas incendiadas en Playa Blanca
El Ministerio Público asegura que la situación de Playa Blanca es una vergüenza nacional y cuestiona la forma en la que la Alcaldía de Cartagena ha actuado frente a la misma.
A través de un oficio, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, impedir la reconstrucción de las cinco cabañas que se incendiaron el pasado 21 de noviembre en Playa Blanca.
Según se lee en el oficio, no puede permitirse la reconstrucción de esas cabañas porque todas estaban “ocupando ilegalmente terrenos de baja mar, propiedad de la Nación”. Y advierte el Ministerio Público que su reconstrucción sería “la prueba máxima de la desidia del Distrito”.
El mismo oficio detalla que la Alcaldía de Cartagena ha presentado muchas excusas a la solicitud de medidas urgentes para impedir la ocupación de terrenos de baja mar y el desorden de Playa Blanca. Una de esas excusas, precisa la Procuraduría, es que no pueden desalojar a miembros de las comunidades étnicas que tienen negocios en esa zona turística, pues el oficio señala que muchas de las ocupaciones ilegales en Playa Blanca no son de nativos “en las mismas se evidencian inversiones económicas que es claro que ninguna comunidad étnica puede realizar”.
“La situación actual de Playa Blanca es una vergüenza nacional, zonas de playas ocupadas en su mayoría por particulares no nativos, que han construido con materiales que han ingresado a la zona sin control alguno, que explotan económicamente un bien público, degradando el ambiente”, se lee en el oficio.
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Además, se precisa la contaminación ambiental de la zona ante la cual tampoco ven en el Ministerio Público acciones de la Alcaldía: “Las lagunas costeras se convirtieron en cloacas en las que los “propietarios” de la playa realizan vertimientos diariamente, el coral se afecta por actividades náuticas no autorizadas, las tortugas no pueden desovar en la playa porque los ocupantes les han cerrado el acceso a la misma y la acción del Distrito se circunscribe a controlar el ingreso a la playa y recoger los residuos sólidos que se generan por ocupaciones que no deberían existir en Playa Blanca”.
Ante el oficio, el alcalde Pedrito Pereira respondió al diario El Universal que la zona de Playa Blanca está bajo la competencia no solo de su administración sino también de Cardique, la ANLA, Parques Naturales y Dimar. “Hemos venido trabajando por las dificultades de este importante sector de la ciudad, de tal manera que recibimos la comunicación y rendiremos las explicaciones necesarias”, dijo Pereira.