Procuraduría declaró la prescripción del proceso disciplinario que inhabilitaba a Caicedo
El ministerio público no halló material probatorio en la presunta falta por la contratación de cuatro pozos subterráneos para el abastecimiento de agua potable.
Entrega de uno de los pozos que fueron construidos en el marco de la calamidad pública de aquella época. Foto: Alcaldía de Santa Marta(Thot)
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, dio a conocer la decisión de declarar la prescripción y terminación del trámite disciplinario en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por supuestas faltas cometidas en 2014 mientras cumplía labores administrativas como alcalde de Santa Marta.
- Le puede interesar: Lanzan línea de crédito para salvar a microempresas en quiebra por la pandemia
El ministerio público investigaba la contratación por $1.461 millones de pesos de 4 pozos subterráneos que suministrarían agua potable a la capital del departamento. De acuerdo con el expediente, el mandatario habría suscrito de forma directa un contrato con una empresa que, según, no cumplía con los requisitos de idoneidad para tal obra.
Para el ente de control esa presunta actuación vulneraba los principios de la función administrativa y de la contratación con recursos públicos, y por tanto en primera instancia inhabilitaba por 12 años a Caicedo y al entonces gerente de Proyectos de Infraestructura del Distrito, Efraín Vargas Corvacho.
Este acto fue tipificado "como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”, pero 5 años después de las indagaciones la Procuraduría concluyó que no hay material probatorio que hiciera continuar con el proceso.
- Le puede interesar: El lío jurídico sin resolver del secretario electo de la Asamblea del Magdalena
“En virtud de los hechos señalados en precedente, no puede hablarse de mora o negligencia atribuible a los operadores disciplinarios, quienes hicieron lo que estaba a su alcance para realizar la averiguación con rigurosidad intelectual y diligencia”, reza el fallo firmado por la procuradora delegada Olga Alfonso Velásquez.
