Por ‘Cartel de la Hemofilia’, declaran responsable fiscal a exgobernador Alejandro Lyons
La sanción sería por $71.674 millones y cobijaría a cuatro exsecretarios de Salud de Córdoba, tres auditores médicos, dos coordinadores y dos IPS con sus representantes legales.
Al término de una audiencia que duró más de doce horas, la Contraloría General de la República-CGR, profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $71.674 millones de pesos, a título de culpa grave, en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus, y otros funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba, por el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.
Establece el ente de control fiscal que en este caso, se realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo al presupuesto departamental, por supuestos pacientes de hemofilia que en realidad gozaban de buena salud.
“Para perpetrar el fraude se presentaron soportes y documentos falsos como historias clínicas, órdenes médicas y exámenes de laboratorio, entre otros”, se establece por parte de la Contraloría General de la República.
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De acuerdo con el fallo emitido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, fueron declarados responsables fiscales: Alejandro José Lyons Muskus, en su calidad de gobernador de Córdoba al momento de los hechos, los exsecretarios de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Alfredo José Aruachán Narváez, Alexis José Gaines Acuña, Edwin Preciado Lorduy y Juan Carlos Cervantes Ruiz.
Asimismo, el fallo cobija a Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, como coordinador del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), quien también fue condenado a 10 años de prisión por este sonado escándalo de corrupción. Asimismo, la Contraloría también declaró responsable fiscalmente a Adalberto Rafael Carrascal Barón, como coordinador del CAM de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Juan David Nader Chejne, los auditores médicos, Marcela Sofía Suárez Luna y Mayda Gómez Ochoa.
Dicha sanción también se extiende a la IPS Unidos por su Bienestar SAS y su Representante Legal, Guillermo José Pérez Arcila y la IPS San José de la Sabana SAS y su Representante Legal, Rubén Darío Guerra Gil.