Popayán tendrá que pagar $72 mil millones a Hermanos Solarte

Al resolverse un laudo arbitral en la Cámara de Comercio del Valle se confirmó que Popayán debe pagar más de 72 mil millones de pesos a la firma Hermanos Solarte en el marco de un proceso jurídico que los ingenieros iniciaron contra el municipio por la terminación unilateral de un contrato.

El abogado Álvaro Casas dijo que la condena contra el Municipio “es pésima” porque la entidad territorial no tiene la capacidad para pagar esta millonaria obligación.

Asimismo, recordó que el litigio se inició en un contrato de concesión celebrado entre el Municipio y la firma Solarte para la construcción de unas obras denominadas “anillos viales” durante el gobierno del entonces alcalde y hoy senador Luís Fernando Velasco, quien pretendía pagar con un peaje en el norte de la Ciudad, al que la comunidad se opuso.

De esa manera, se cambió la forma de pago para que fuera con un porcentaje de la sobretasa a la gasolina, “durante el Gobierno del alcalde Felipe Fabián Orozco se interpreta a mi manera de ver equivocadamente que el contrato había mutado de concesión a obra pública, de esa manera se liquida unilateralmente”.

La Firma Solarte demandó la situación y se inició el proceso para hacer efectiva la cláusula que obliga a solucionar cualquier litigio en un tribunal de arbitramiento, “en aquella oportunidad no se conformó por dificultades en la Cámara de Comercio del Cauca y el Tribunal Administrativo del Cauca en virtud de una tutela asumió el conocimiento del proceso de manera irregular”, explicó Casas.

Posteriormente, se produjo la sentencia de primera instancia que condenó al municipio a pagar una suma cercana a los 40 mil millones de pesos, Popayán apeló y el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sentencia del Tribunal Administrativo por falta de jurisdicción porque el asunto debía dirimirse ante un Tribunal de Arbitramiento.

“Los demandantes procedieron a solicitar la conformación del Tribunal en la Cámara de Comercio de Cali, allí se surtió el proceso durante la actual Administración y se ha producido un fallo que tiene un costo actual de 72.500 millones de pesos aproximadamente más los intereses de mora a los cuales se condena en relación con algunos de los demandantes a partir de junio de 2018”, subrayó.

El Municipio tendrá 20 días para pagar la suma de dinero y la decisión no es objeto de recurso alguno.

Para el abogado, la única instancia que le queda al municipio es acudir a la solicitud de la anulación del laudo arbitral, que debe interponerse dentro del mes siguiente a la notificación del laudo.

De lo contrario, la instancia entraría a ser “cosa juzgada” y tendría que pagarse la millonaria suma de dinero, lo que dejaría en una inminente crisis económica al Municipio.

A esto se suma la preocupación porque Popayán asumió recientemente una deuda por más de 75.000 millones de pesos.

“(…) Lo que va a ocurrir es que el Municipio tendrá que volver a convocar un acuerdo de restructuración de pasivos prácticamente con un acreedor principal que es la firma Solarte y sus demandantes, más los acreedores que son los bancos por los 75 mil millones de pesos que de manera irresponsable 13 concejales y el Alcalde nos han dejado como herencia impagable a los ciudadanos de Popayán”, aseveró Casas.

Reacción de Concejal

Al respecto, el concejal del Partido Liberal, Adrián Obregón, aseguró que se requieren medidas judiciales de urgencia, “En primer lugar, debería solicitarle la aclaración, adición o corrección del laudo, para lo cual se impone estudiarlo de forma exhaustiva y rigurosa. Esto primero nos permitiría ganar tiempo”.

Asimismo, sugirió acudir al recurso de anulación o a una acción de tutela, “importante opción siempre y cuando cumpla el presupuesto de subsidiariedad a la luz de los pronunciamientos jurisprudenciales en este tipo de asuntos”.

Agregó que “tenemos varias opciones, dependerá de la pericia y experticia del abogado del municipio de Popayán para buscar la solución más eficaz para nuestra comunidad, la cual debe ser acertada por el inminente peligro que implica para nosotros una condena de más de 72 mil millones de pesos”.