Polémica en Manizales por proceso de expropiación de vivienda

María Elena Alzate Mejía es una de los 16 propietarios que se vieron obligados a vender sus viviendas para permitir un proceso de construcción de un deprimido que ayudará a la movilidad entre el sector de Campohermoso y la terminal antigua de Manizales.

“Yo fui expropiada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales (Erum) que está delegada por el alcalde José Octavio Cardona León.  Ellos hicieron la oferta de compra e impusieron el avaluador de los predios, yo no estuve de acuerdo con el precio que fijó esta persona. Como dueña del predio, presenté un evaluador particular pero no fue aceptado. Hicieron un reajuste por cuestión de área del lote y de área construida, pero igual no estuve de acuerdo y como consecuencia fui expropiada por no aceptar, según ellos, una enajenación voluntaria”, explica la denunciante.

Alzate reitera que tuvo que dejar su casa porque si no lo hacía, la iban a sacar a la fuerza. Además, menciona que “fue un castigo no haber recibido lo que ofreció la Erum” y agrega que la obligaron a vender sobre el precio que ellos impusieron.

La Erum, en manos de Natalia Gutiérrez Arcos, directora de Gestión Predial, entregó un documento en el que se menciona una entrega voluntaria y recibo de un inmueble para el desarrollo de la Avenida Colón, hoy avenida Marcelino Palacio, en la ciudad de Manizales.

“A 15 propietarios se les tuvo que intervenir sus viviendas en el sector de Campohermoso y 10 de El Tierrero, con los cuales se logró la enajenación voluntaria de sus predios y una sola persona recurrió a un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo”, señala Gutiérrez.

También aclara que “(Alzate) presentó otro avalúo de vivienda, pero sería un foco de corrupción si la ley no prohibiera que la persona elija un evaluador. La ley dice que se debe contratar a una persona neutra para colocarle un precio a la vivienda”.

“Como la ley lo manda, a la señora Álzate Mejía se le canceló el lucro cesante más lo del avalúo catastral y después de emitida el acta de expropiación administrativa por parte de la Erum, se pactaron tres fechas de entrega, las cuales no se cumplieron (…) se procedió a la firma de un documento para conceder de manera voluntaria el inmueble”.

El Tribunal Administrativo que lleva el caso será el encargado de definir, con un perito, el precio de la vivienda.