Ordenan la restitución de tierras a familias afrodescendientes en Chocó
En las pruebas recolectadas por la UNT, se demostró que por la violencia y apropiación ilícita de tierras se desplazó el 63% de la población y se confinó el 36% restante.
Ordenan la restitución de miles de hectáreas de tierra a familias afrodescendientes en Chocó / imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)
La Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia restableció los derechos territoriales sobre 73.317 hectáreas a favor de las comunidades que integran el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca.
Según explicó la Unidad de Restitución de Tierras, el fallo se sustentó en las pruebas recaudadas en los municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui con las cuales se logró que 3.200 familias afrodescendientes recuperaran su territorio ancestral.
Seguido a esto, se manifestó que se logró demostrar ante los operadores judiciales que la comunidad afrodescendiente ha visto vulnerados sus derechos fundamentales, también que viven en precarias condiciones porque sus necesidades básicas no están satisfechas y cuentan con la presencia de grupos delincuenciales interesados en el sostenimiento de sus economías ilícitas en la región.
Por otro lado, la Unidad expuso que en su trabajo de recolección de pruebas se demostró que la violencia comenzó en los territorios anteriormente nombrados con la presencia de la guerrilla del ELN en 1989 y posteriormente, se recrudeció por los enfrentamientos armados entre las guerrillas, los grupos de autodefensa, narcotraficantes y de manera más reciente con las bandas criminales, quienes en su afán de controlar el territorio para mantener sus economías ilícitas desplazaron al 63% de la población y confinaron al 36% restante.
El mayor pico de violencia se dio entre los años 2000 y 2006.
Un ejemplo de los niveles de violencia que se vivieron en la región quedo plasmado en los hechos ocurridos con la toma guerrillera al municipio de Lloró en octubre del año 2000, el asesinato de sus líderes sociales, el reclutamiento forzado, la presencia de minas antipersona, la proliferación de los cultivos de uso ilícito, el tráfico de armas, la tala indiscriminada del bosque, el narcotráfico y la minería ilegal. Con estas acciones delictivas se transformó la vida de una comunidad en la cual sus habitantes vivían de la recolección, la caza y la pesca, así como de un gobierno, cultura y tradiciones propias.
Un dato importante del fallo es que con su pronunciamiento quedan imprósperas las oposiciones presentadas por las empresas que hasta este fallo ostentaban los títulos mineros que les permitían explotar la riqueza aurífera de la región. Un proceso que puede reactivarse si la comunidad integrante de Cocomopoca, con el liderazgo del Ministerio del Interior, surte el proceso de Consulta Previa que sería el único medio de permiso para emprender acciones mineras dentro del territorio señalado.
El fallo también ordenó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares que operan en este territorio que diseñen y emprendan acciones concretas que permitan acabar con la minería ilegal. Sumado a ello, la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe hacer los estudios correspondientes e impartir las medidas para proteger la vida de los líderes sociales de Cocomopoca que actualmente se encuentren amenazados.
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En el fallo también se destacan las órdenes impartidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional Minera, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó, para que se suspendan las autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento forestal al interior del territorio colectivo de Cocomopoca y se deberá reglamentar la explotación forestal en el territorio colectivo, con previa autorización del mismo.
Finalmente, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, con este fallo son nueve las sentencias de restitución de tierras que se han proferido en el Chocó, sumando un total de 148.114 hectáreas devueltas a favor de 5.462 familias integrantes de comunidades étnicas asentadas en este departamento.
