Ofrecen $50 millones por responsables de ataque a la Fiscalía en Popayán
El ministro de Defensa calificó como "terroristas" los hechos ocurridos en las sedes del ente acusador y Medicina Legal en el sur de la ciudad.
Desde Popayán, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció 50 millones de pesos de recompensa por los responsables del ataque que consideró “terrorista” contra la sede de la Fiscalía General de la Nación.
El jefe del ente acusador atribuyó la acción a las disidencias de las Farc, y aseguró que hay miembros de dicho grupo armado identificados, en las comunas Cinco y Seis.
Además, denunció que en medio de las alteraciones de orden público fueron hurtadas 51 armas de fuego, entre estos 15 fusiles.
“Nada justifica que se tome justicia por las propias manos y que un grupo de delincuentes haya destruido una institución”, dijo.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, informó que fue decretado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde de este sábado hasta las 5:00 de la mañana del domingo y ley seca desde las 4:00 de la tarde hasta el martes a las 5:00 de la mañana.
El toque de queda también se aplicará los días domingo y lunes, en el mismo horario.
El ministro de Defensa señaló que a la ciudad llegaron seis secciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y tres pelotones del Ejército para reforzar la seguridad y contrarrestar posibles nuevos ataques.
Molano aseguró que han logrado establecer que alias ‘Andrés’, alias ‘Cheto’, alias ‘Maíz’ y alias ‘Caleño’ estarían detrás de los actos vandálicos y tendrían nexos con el grupo armado.
Dicho anuncio generó indignación entre las organizaciones sociales del Cauca, que aseguraron que se trata de reconocidos líderes y defensores de derechos humanos.
Por otra parte, el Gobierno Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa por personas que han participado en otros actos de vandalismo en la capital del Cauca.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también visitó la ciudad y aseguró que este ataque violento no sólo afecta a la Institución sino también a las víctimas, por la destrucción de evidencias y material importante.
El ente acusador informó que las pérdidas superan los 20 mil millones de pesos.