Mantienen medida intramural para hombre señalado de violar a su hija en Santa Marta
Los hechos ocurrieron en 2018 cuando la víctima tenía 9 años. La defensa del acusado pedía la libertad del sujeto por vencimiento de términos.
La defensa de los derechos de los menores abusados en Santa Marta toma mayor vigencia por estos días, tras conocerse la posible libertad de un hombre que habría violado presuntamente a su hija de 9 años en 2018. La pretensión de la defensa era indicar que el proceso había prescrito al haber superado los tiempos.
En la audiencia presidida por el Juez Quinto Penal Municipal de Garantías de Santa Marta, a Edgar Fabio Gutiérrez, señalado del delito, le fue prorrogada la medida de aseguramiento dictada, así como también el retiro de la solicitud de claudicación del expediente por vencimiento de términos.
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La decisión se adoptó luego que los argumentos presentados por el fiscal del caso evidenciaran que la tesis del tiempo transcurrido en el proceso, utilizado por el abogado de Gutiérrez, no obedeció a las acciones del ente acusador, sino a posibles prácticas dilatorias por parte del mismo sindicado.
Para el togado, la petición de la Fiscalía contó con los elementos probatorios suficientes para mantener vigente la medida que limita la libertad del presunto violador, recluido en la Penitenciaria El Bosque en Barranquilla.
Por su parte, la red de mujeres en el Distrito reiteró su apoyo a la familia de la niña y pidió que el aparato judicial obre en derecho y salvaguarde la integridad de la víctima.
“No podemos permitir que hayan más excusas, porque lo que va imperar es la justicia por mano propia y va caer el Estado social de derecho, hay estructuras machistas que no brindan justicia a las mujeres. Queremos reiterar que estos casos no pueden seguir ocurriendo”, aseguró Jennifer del Toro, defensora de derechos humanos.
Los hechos materia de investigación se presentaron hace 2 años, sin embargo, la judicialización se ha extendido porque, al parecer, se han solicitado plazos por motivos de salud de algunas de las partes, se habrían presentado dificultades para traslados por parte del Inpec, por posibles obstáculos técnicos para el desarrollo de diligencias y por clausuras de edificios en razón a la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Activistas de género y familiares de la menor están a la espera que se realice el juicio condenatorio que defina el futuro jurídico del señalado agresor.