Los videos de compra de votos por los que condenaron al gobernador del Cesar Luis Monsalvo

El actual gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, incurrió en el delito de corrupción al elector para ganar su primera elección como mandatario del departamento periodo 2012-2015 con más de 170 mil votos, al pactar con una comunidad en condición de pobreza y vulnerabilidad en el Cesar, que votara por él a cambio de no desalojarlos del barrio de invasión en el que vivían.

15 días antes de las elecciones que ganó, Monsalvo firmó en plena campaña, un documento con las comunidades Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, barrios de invasión de Valledupar, en el que se pactaba no desalojarlos, pese que ya estaba en firme una orden de la Alcaldía local y procesos ante las autoridades locales para reubicar a estas familias.

El documento quedó firmado y autenticado en la notaría segunda de Valledupar, en el mismo se lee:

“El suscrito Luis Alberto Monsalvo por medio del presente escrito que autenticaré en notaría pública, me comprometo con la comunidad del barrio Tierra Prometida y la junta directiva del mismo, a cumplirle el compromiso de mantenerlos quieta y pasivamente en dicho inmueble”

Esta promesa, fue a cambio de asegurar los votos de familias vulnerables, aproximadamente 800 personas en su mayoría con la edad apta para votar:

“Por su parte, los líderes que representa la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad, a mi elección como gobernador lo cual se hará frente a Asamblea General donde se encuentre reunida la comunidad del sector”.

La prueba reina de este ilícito, está en un video de la época en el que se ve al entonces candidato firmando un documento y haciendo alarde del pacto a cambio de votos 

Evaristo Rodríguez, Abogado de la víctima Alberto Pimienta Cotes, propietario de las tierras invadidas (denunciante), aseguró en Sigue La W que este es un fallo histórico que le cierra la puerta a que los candidatos políticos en Colombia, se aprovechen de situaciones de vulnerabilidad para asegurar las elecciones.

“No es legítimo ni lícito, prometer una dádiva en una campaña política, manteniendo una situación de invasión aprovechándose de las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad de las víctimas de la violencia, y hoy lo castigó la Corte Suprema de Justicia a un clan político como los Gnecco que de manera ilegítima es que logran perpetuarse en el poder y eso no lo vamos a permitir, la Corte le cerró definitivamente las puertas a esta práctica corrupta”, aseguró el abogado Rodríguez.

Según el artículo 390 del código penal, “la persona que incurra en este delito, es quien prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo”.

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Fallo condenatorio

En la lectura del fallo condenatorio, el magistrado de la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Augusto Torres, aseguró que la conducta fue dolosa y el comportamiento de Monsalvo afectó gravemente el derecho al voto de manera libre.

“Lo ilícito de la promesa recayó en dos aspectos, primero, para el 16 de octubre de 2011 estaban en curso acciones legales ante las autoridades locales ejercidas oportunamente por el dueño del inmueble en contra de los invasores tal como lo demuestran la estipulaciones, por tal razón era imposible para el acusado comprometerse con la comunidad de Tierra Prometida a mantenerlos quieta y pasivamente en los terrenos invadidos, pues no dependía de su voluntad tal decisión, sino que se trataba de un asunto que se estaba dirimiendo administrativamente a través de un proceso policivo, del cual sólo faltaba la diligencia de desalojo tal como lo adujo Fredy Socarrás exalcalde de Valledupar 2012 2015”, aseguró el magistrado.

Según los argumentos de la Fiscalía “Monsalvo era consciente de que su comportamiento estaba prohibido pues no era la primera vez que se postulaba a cargos de elección popular, no permitió que ejercieran el derecho libre a votar”.

Cuando fue elegido gobernador, Monsalvo envío una comunicación al Ministerio de Vivienda solicitando apoyo nacional a un aparente proyecto de vivienda denominado Multifamiliares Guerra Bonilla que se desarrollaría en el predio invadido, ofreciendo como financiación de la gobernación 5 mil millones de pesos.

“Fue un aprovechamiento político de ciudadanos vulnerables haciendo política por cuenta de predios ajenos, una dádiva completa que después reclamó recompensa”, aseguró la Fiscalía.

La Corte aseguró que el “documento contiene el elemento corruptor y no es legítimo de campaña política como lo considera la defensa por lo que el acusado prometió ilícitamente a una comunidad específica afectada por la violencia, asentada en un terreno privado invadido, el mantenerlos quieta y pasivamente, en el inmueble ocupado en esos terrenos de Óscar Guerra Bonilla, es decir cometió dádivas como beneficios a cambio de obtener votos a la gobernación del Cesar.