Le salen al paso a las denuncias de supuestos despidos en la Uniboyacá
Más de 240 trabajadores controvierten las denuncias de despidos, sin embargo, el Ministerio de Trabajo pide a institución aporte pruebas de la situación real de los empleados.
El pasado 16 de junio el Ministerio le envió un oficio de fiscalización al alma mater. Foto: Colprensa(Thot)
Frente a las denuncias de supuestos despidos y presunta coacción para reducir salarios, en un comunicado fechado el pasado 14 de junio y firmado por cerca de 240 trabajadores de la Universidad de Boyacá, aseguran no es cierto que el alma mater les haya presionado o violado sus derechos laborales, y que por el contrario, accedieron voluntariamente a reducir sus salario teniendo en cuenta que la institución es independiente derivando sus ingresos de las matrículas, y los impactos financieros que ha generado la crisis de la pandemia.
Con respecto a los supuestos despidos masivos, los trabajadores firmantes de la carta, de 13 páginas, dicen que no es cierto, sin embargo, aclaran que “hay contratos que finalizan en junio y dicha terminación no se puede catalogar como despidos masivos, porque obedecen a una programación semestral realizada con base en las necesidades del servicio”.
“Los docentes que tienen contrato a término fijo, al momento de la finalización del mismo, siempre han recibido todas las prestaciones sociales de ley y la liquidación correspondiente”, precisan los trabajadores en la misiva, que dicen, enviaron a los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, de Educación, María Victoria Angulo González, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán y el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme.
Según los trabajadores, dicen en la carta, el valor de la matrícula en la Universidad de Boyacá está entre los de menor costo en la región, “favoreciendo así el ingreso de muchos estudiantes provenientes de diferentes partes del país”.
A lo anterior es de precisar que el pasado seis de mayo la Universidad había manifestado que aplicaría un descuento del 15% para nuevos estudiantes y del 10% para antiguos, pero en su momento los estudiantes manifestaron la propuesta como insuficiente, dada la grave situación económica por la COVID-19.
Sin embargo, consultamos al Ministerio del Trabajo, qué ha pasado en dicho proceso y nos respondieron que a las tres de la tarde del pasado 16 de junio se envió un oficio de fiscalización donde se les pide en un documento, de 39 puntos, al alma mater, aportar las pruebas donde ellos consideran no hubo vulneración de los trabajadores.
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Así mismo, se estableció que el Ministerio tendrá el tiempo por ley para analizar dichas pruebas, según lo estipulado en el código sustantivo del trabajo para dicho procedimiento.
Se precisó que la universidad tendrá tres días hábiles, para aportar dicha documentación al Ministerio, y este a su vez determinar si fueron despidos colectivos, si fueron sin justa causa o no hubo despidos, es decir saber qué pasó.
El pasado 11 de junio, el secretario de Educación, Jaime Raul Salamanca, pidió a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, verificar que está sucediendo en la Univeridad de Boyacá con estudiantes y docentes.
“Nosotros no tenemos obviamente la competencia, por mandato constitucional, y por eso hemos pedido el concurso de la ministra de Educación para que busque escenarios de concertación que no afecte a la universidad, ni a la comunidad estudiantil y de docentes”, explicó en su momento Salamanca.
