Las interceptaciones contra funcionarios de Arauca que apoyaban a disidencias

11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, fueron capturados por supuestamente hacer parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

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Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

En una de las interceptaciones hechas por la Fiscalía, alias Ferley habla sobre las capturas y asegura que nadie podrá hablar contra los detenidos.

También quedaría en evidencia la conexión entre los investigados con Disidencias de las Farc.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

En uno de los audios conocidos por W Radio la enfermera, Diana Molina, habla con alias Pescado sobre munición y material de intendencia para entregarle.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana i mputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Nortede Santander), los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son:

Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

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Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.

Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.

Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.

Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.