La Popa y los manglares de Cartagena, en cuidados intensivos

Esta no es una situación distinta a lo que se vive en gran parte del país, pero en Cartagena está golpeando a dos ecosistemas en extremo sensibles para el medio ambiente y la conservación de la ciudad.

La pobreza derivada de la pandemia y la migración reciente de ciudadanos venezolanos, terminaron por exacerbar un problema que empezó a forjarse desde la época de la violencia y el desplazamiento forzado en el país: cada vez son más grandes las ocupaciones ilegales de los cuerpos de agua como la ciénaga de la Virgen y de reservas ambientales como el cerro de La Popa.

El ambientalista Rafael Vergara atribuye también la explosión de este fenómeno de invasiones a la falta de acción de las autoridades judiciales, ya que muchas denuncias terminan en la impunidad.

“En 2007 la Fiscalía precluyó 97 denuncias penales por ocupaciones irregulares en varias zonas de la ciudad y obviamente las invasiones se consolidaron y en el imaginario quedó que cuando la gente invadía no pasaba nada. Desde entonces estamos viviendo esta situación crítica, que consolida un crimen ambiental irreparable", dice.

Le puede interesar: SOS de travesía El Caribe Respira por contaminación de playas del Atlántico

Con los últimos dos años de pandemia y migración y el aumento de la invasión, los esfuerzos se han centrado en detenerla, en frenarla. Pero eso también es muy difícil porque es muy utópico el tener el control metro a metro del territorio.

"Las zonas de bajamar han sufrido especialmente con esta ocupación ilegal, allí se destrozan los ecosistemas y los invasores ejercen un dominio sobre orillas, playas y manglares. A lo largo de los 370 kilómetros de línea de costa entre playas y ciénagas, es muy escasa la vigilancia para evitar que estas ocupaciones sucedan", agrega Vergara.

Las estimaciones indican que se han perdido 730 hectáreas de manglar solo en la ciénaga de la Virgen, muchas de ellas en zonas donde hay consejos comunitarios que tienen acción directa sobre el territorio. "Es algo contradictorio e inverosímil, porque la ley 70 prohíbe ese control sobre terrenos de la nación, pero es en realidad un canto a la bandera, porque no se respeta, no se cumple", lamenta el ambientalista.

Le puede interesar: ¡1 ... 2 ... 3 jornadas de limpieza en Cartagena con El Caribe Respira!

Otra zona que sufre una delicada situación con la invasión es el cerro de La Popa. El cerro ha perdido más del 50% del bosque seco tropical en los últimos 30 años. "La ubicación de la mayoría de las 2.800 familias que viven en los alrededores del cerro es de alto riesgo. El problema se agrava porque en caso de desalojarlos, Cartagena no tiene dónde reubicarlos. Es algo bárbaro, acumulativo de varios períodos de desgobierno distrital”, agrega Vergara.

En esa zona de La Popa, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) adelanta algunos esfuerzos con el ánimo de frenar la situación e invertir en proyectos de recuperación. "Tenemos que ser acompañados por otras entidades locales y nacionales para poder hacer reasentamientos, son procesos lentos y complejos, pero hay que dar el primer paso y es lo que estamos haciendo, tratando de poner freno a la invasión, por desmedida que sea", señala Javier Mouthon, director de la entidad.

Le puede interesar: Puerto Velero: Cuatro toneladas menos de basura en el mar

Como propuesta a largo plazo, desde la entidad se plantea la construcción de un ecoparque en La Popa, aprovechando el valor turístico del cerro con las vistas panorámicas de la ciudad. "A pesar del ataque continuo al ecosistema todavía hay vida del bosque seco tropical y la fauna que lo acompaña. Le apostamos a conservarlo y a buscar infraestructura para que los ciudadanos aprovechen el entorno, es un proyecto trazado a año y medio y trabajamos para conseguirlo", asegura Mouthon.

Por ahora, hay esfuerzos del mismo EPA con siembra de árboles y controles parciales por parte de las autoridades que resultan algo insuficientes para detener al monstruo. La solución es estructural y muy de fondo, implica generación de empleo, condiciones de mejor calidad de vida y programas que permitan el reasentamiento de los invasores, también es necesario una participación más activa de las entidades judiciales para castigar a los responsables de esta tragedia que le quita oxígeno al Caribe