La Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto del alcalde de Dosquebradas
Al mandatario municipal, Diego Ramos, y a su exsecretario de obras públicas les ordenaron 10 días de arresto y una sanción económica por un desacato de tutela.
![Alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos. Foto: Archivo (Alcaldía de Dosquebradas)](https://www.wradio.com.co/resizer/v2/3BZO3LZ43ZFW7K6VF4QZQ46MLE.jpg?auth=9205aff90284200d166e1b291ca7e0a878aee4cc5f5dac5d417a815089a38515&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
Alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos. Foto: Archivo (Alcaldía de Dosquebradas)(Thot)
A través del magistrado Fernando Castillo, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto de diez días y una multa de diez salarios mínimos mensuales en contra del alcalde del municipio industrial, Diego Ramos, junto con el exsecretario de Obras Públicas de este municipio, José Jair Serna.
Esto debido al desacato de una tutela instaurada el 16 de mayo de 2016 por Gloria Inés García, quien manifestó que fueron vulnerados sus derechos fundamentales de una vivienda digna, dignidad humana e integridad personal. Sin embargo, el alcalde de la época no atendió este mandato judicial que debía ser resuelto en un plazo máximo de 30 días, según dispuso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, motivo por el cual hoy recae la sanción en el actual mandatario de Dosquebradas, Diego Ramos.
Respecto a esta situación, Juan Carlos Sepúlveda, jefe encargado de este despacho, señaló que dichas obras ya iniciaron en su ejecución y que actualmente no se encuentran privados de la libertad ninguno de los dos funcionarios.
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"Quiero dejar totalmente claro que ni el uno ni el otro han sido privados de la libertad hasta el momento. Es un trámite sobre el que estamos trabajando jurídicamente para demostrar, tanto ante la Corte Suprema de Justicia, como ante el Tribunal Superior Sala Laboral de Pereira, que se encuentan en ejecución las obras que motivaron la acción de tutela", explicó Sepúlveda.
Cabe resaltar que esta acción de tutela también se instauró en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, además del municipio de Dosquebradas y la Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura.