Juez ordena practicar pruebas de COVID19 en la URI de Popayán
El Juez Segundo Civil atendió las denuncias de la Procuraduría y la Personería luego que en ese establecimiento se confirmara un caso positivo de coronavirus.
En la acción de tutela se alertó que ante el hacinamiento que se presenta en el lugar, es imposible guardar el distanciamiento y el aislamiento . Foto: Personería(Thot)
La Procuraduría informó que el Juez Segundo Civil de Popayán ordenó a la Alcaldía y a la Gobernación de Cauca practicar, en las próximas 48 horas, las pruebas necesarias para detectar si las 40 personas privadas de la libertad en las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía y el personal de custodia están contagiadas de COVID-19.
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Asimismo, solicitó garantizar el acceso a elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, jabón, alcohol o equivalentes para prevenir el contagio del personal que se encuentra en esa sede.
El fallo acogió la petición de la Procuraduría y la Personería, que solicitó la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud y vida de las personas privadas de la libertad en la URI, 29 hombres y 11 mujeres, ante la aparición de un caso positivo del virus.
“En la acción de tutela se alertó que ante el hacinamiento que se presenta en el lugar, es imposible guardar el distanciamiento y el aislamiento entre quienes permanecen en las celdas, así como las medidas de higiene requeridas para evitar el contagio del virus”.
El Juez concluyó que no se le ha ofrecido un adecuado y continuo servicio de salud a las personas que permanecen en las carceletas de la URI para afrontar la emergencia y evitar posibles contagios.
En ese sentido, ordenó a la Alcaldía, a la Gobernación del Cauca, la Fiscalía y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, adoptar las medidas para mantener en aislamiento, en condiciones dignas y hasta su recuperación a la persona contagiada, con el fin de protegerlo y evitar la propagación del virus en las instalaciones.
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El personero de Popayán, Jaime Andrés López Tobar, dijo que la decisión se sustenta en las fallas por la vulneración de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, debido a que, al no tomarse las medidas urgentes para evitar la propagación del virus en este lugar, se ponían en riesgo los derechos de los ciudadanos.
