"Jalón" de orejas a municipios que se oponen a recibir basuras de Santander
La Procuraduría advirtió a autoridades de Santander que están en la obligación de cumplir con la orden de cierre definitivo de El Carrasco y tener un plan de contingencia.
Debido a que la emergencia sanitaria de El Carrasco se origina desde hace más de 10 años, la Procuraduría nacional mostró su preocupación de que las autoridades de Santander a la fecha no tengan un plan de contingencia para depositar las basuras, que son mil toneladas diarias promedio.
Siendo así, las autoridades encargadas de Santander deben estar en la obligación de cumplir con el cierre definitivo del relleno sanitario, luego de que el juez 15 administrativo no autorizara más prórrogas y que la Anla apoyara esta decisión.
El Ministerio Público mostró su preocupación ante ausencia de planes de contingencia para la disposición final de cerca de 1.000 toneladas diarias que se depositan actualmente en el relleno sanitario.
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“Se observa que, a lo largo de 10 años, las diferentes administraciones municipales han continuado disponiendo en ‘El Carrasco’ vía decretos de emergencia y calamidad, pese a la orden judicial y administrativa de cierre, sin avanzar en la construcción de una solución definitiva para la disposición final de sus residuos”.
La entidad nacional hizo un llamado a los alcaldes que en sus municipios tienen rellenos sanitarios con disposición de recibir basuras de los 16 localidades de Santander, a que no se opongan, obstruyan o impidan el ingreso de los residuos, ya que este tipo de comportamientos podrían acarrear acciones disciplinarias.
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Este último llamado, la Procuraduría hace referencia Norte de Santander y Aguachica, Cesar, en donde sus autoridades ambientales y alcaldes han manifestado que se niegan a recibir basuras de la región.
"La Procuraduría hizo un llamado a los alcaldes de los municipios en los que existen rellenos sanitarios legalmente autorizados y que cuentan con capacidad técnica para recibir los residuos que se disponen en El Carrasco, que como funcionarios tienen prohibido obstaculizar, impedir, torpedear el buen funcionamiento de un servicio público esencial e indicó que estos comportamientos podrán dar lugar a acciones disciplinarias", dice el documento.