Indignación en Santa Marta por libertad de presunto violador de menores
El sujeto señalado de haber presuntamente accedido a sus dos hijastras de 9 y 11 años en 2017, saldría de la prisión gracias a un habeas corpus.
Las plataformas defensoras de los derechos de las mujeres y los menores en Santa Marta han reprochado el procedimiento jurídico que dejaría en libertad a Sinivaldo Gómez, acusado de abusar sexualmente de 2 menores de 9 y 11 años en octubre de 2017. En enero de 2018 Gómez fue enviado a detención en centro carcelario.
- Le puede interesar: Indígenas de la Sierra cuentan con novedosa sala virtual gracias a la Unimagdalena
A pesar de las acciones de los colectivos que acompañaron la denuncia del padre de las niñas, a principios de este mes un juez de la República iba a conceder la salida del reclusorio por vencimiento de términos, no obstante, gracias a la presión mediática, la decisión se postergó para darle tiempo a la Fiscalía de recabar los elementos probatorios y conseguir una condena para el presunto delincuente.
“Las menores fueron sometidas a todo tipo de vejámenes y violencia sexual y psicológica de las que son víctimas en un sistema que debe protegerlas. La semana que conseguimos fue desperdiciada por el ente acusador que no hizo nada para evitar que a través de un habeas corpus Gómez salga libre”, indicó Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos.
Vera también manifestó unas supuestas irregularidades que se estarían generando en la Fiscalía, identificando “una red de tráfico que permite que se entorpezcan los procesos para que las personas sindicadas de delitos tan graves salgan en libertad”.
Ante la salida de Sinivaldo Gómez de la cárcel, el padre de las menores involucradas, Jairo Ferrer, mostró su impotencia ante lo que él ha catalogado como una injusticia y vulneración de los derechos de sus hijas.
- Le puede interesar: Gobierno del Magdalena ha invertido $66 mil millones de pesos en el manejo del virus
Por su parte Norma Vera envió un mensaje a la Policía Metropolitana de Santa Marta y al ICBF, para que garanticen la seguridad de las víctimas para evitar posibles represiones por parte del sindicado.