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Imputan al exgerente de una EPS por presuntos pagos a una funcionaria de la Supersalud

Según la Fiscalía, el exrepresentante legal de Asmet Salud es investigado por entregar 300 millones de pesos a una funcionaria para certificar la viabilidad de la entidad.

El ciudadano permanece privado de la libertad en su lugar de residencia . Foto: Fiscalía

El ciudadano permanece privado de la libertad en su lugar de residencia . Foto: Fiscalía(Thot)

El director especializado contra la Corrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Calderón, informó que avanza el proceso investigativo contra el exrepresentante legal de Asmet Salud EPS, Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, en Cauca.

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El ente acusador señaló que tiene nuevos elementos de prueba que vincularían al ciudadano, en otros hechos de posible corrupción ocurridos mientras ejerció como directivo de la Entidad Promotora de Salud.

“Al parecer, entregó $300’000.000 a Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Según las autoridades, el propósito era recibir ayuda para resolver favorablemente un plan de reorganización presentado por la EPS. Carrascal Cantillo también será imputada por estos hechos.

“Hay indicios de que, en el trascurso 2017, presuntamente hubo reuniones entre Aguilar Vivas y la entonces funcionaria para concertar un modelo de mejoramiento financiero y administrativos de Asmet Salud”.

El director especializado contra la Corrupción detalló que, a finales de ese año, se habría hecho una entrega de $50’000.000. Luego, en enero de 2018, el exrepresentante legal de la EPS habría dado el excedente del dinero, $250’000.000.

A cambio, la EPS habría recibido la resolución de reorganización que le permitió a la entidad seguir en funcionamiento.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que no fue aceptado por el investigado.

De acuerdo a la Fiscalía, esta persona fue judicializada recientemente y permanece privada de la libertad por la supuesta apropiación de más de 21.000 millones de pesos del Sistema General de Salud.

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