Firman acta de inicio de convenio para definir demolición del edificio Aquarela

La Alcaldía Distrital de Cartagena, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura firmaron el acta de inicio del convenio interadministrativo tripartito que permitirá la restitución del espacio público ocupado de manera ilegal por el polémico edificio Aquarela, la torre habitacional que se erige cerca del Castillo de San Felipe de Barajas.

Se trata de 619 metros caudados de espacio público que ese proyecto inmobiliario debe restituir, según lo ordenado por la Inspección de Policía Número 2 de Cartagena, a través de la Resolución No. 001 del 09 de octubre de 2018.

Según detalló la Alcaldía, con la firma “se da inicio real y efectivo del contrato, que fue firmado por las partes el pasado 18 de junio. El plazo de ejecución es de 1 año”.

Durante el plazo de ejecución de este convenio, las partes deberán definir, con un contratista experto en la materia, la mejor forma de aplicar la restitución del espacio público ocupado por la construcción, sin afectar el patrimonio de los cartageneros y la Nación.

Para la ejecución y desarrollo del convenio, que tiene un valor de $585 millones por concepto de aportes en especie de las partes, se conformará un comité operativo que se encargará de coordinar y definir las actividades necesarias para el cumplimiento de este.

El alcalde, William Dau Chamat, designó como supervisor al secretario de Infraestructura, Luis Villadiego Cárcamo, por parte del Ministerio de Cultura, fue designado Alberto Escobar Wilson White, director de Patrimonio y Memoria, y Juan Pablo Sánchez González, estará en representación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).

Lo que dicen los constructores

Los constructores del polémico edifico se pronunció ante el anuncio de la firma del convenio con el cual se busca definir de qué forma será la demolición de la torre habitacional. En un comunicado indicaron que el fallo policivo de octubre de 2018, que ordena la restitución de espacio público de ese proyecto, fue demandado por los constructores.

“El proceso mantiene su curso en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena. Como se ha reiterado, el fallo policivo en mención fue adoptado con base en pruebas no idóneas y conclusiones equivocadas de Planeación Distrital, omitiendo los resultados del estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, del cual se concluye que el edificio se construye conforme a lo aprobado en la licencia”, indicaron en el comunicado.

Además, indicaron que “el fallo no ordena a la demolición de la torre” y que “no existen fundamentos técnicos, ni jurídicos para señalar que se está ante una situación de riesgo”.