Félix Manzur, retoma presidencia en la Cámara de Comercio de Montería

En medio de los escándalos denunciados en el departamento de Córdoba, por presunta corrupción en contratación al interior de la Cámara de Comercio de Montería, tanto el presidente ejecutivo Félix Manzur como cuatro miembros de la Junta Directiva de la entidad, retomaron sus funciones el pasado 1 de septiembre.

Se trata del presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, Jorge Doria Corrales, Álvaro Sepúlveda Salgado, Gloria Díaz Tapia y Mario Díaz Ibáñez, quienes habían sido separados de sus cargos por parte de la Procuraduría Regional de Sucre, el pasado 8 de julio.

Pese a la decisión adoptada, la misma Procuraduría Regional de Sucre, anuló la suspensión provisional el 21 de agosto, al considerar que los disciplinados son particulares con funciones públicas y no se les debe aplicar el régimen de los servidores públicos, como se hizo en la actuación por parte del ente de control.

En el caso del presidente Félix Manzur Jattin, la suspensión provisional la ordenó la Procuraduría Regional de Córdoba, el pasado 2 de julio del presente año. Sin embargo, la procuradora Delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso, revocó la decisión que hoy le permite al ejecutivo retornar al cargo.

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Cabe indicar que, pese a lo establecido, las investigaciones en contra del presidente ejecutivo y los miembros de la Junta Directiva, continúan en la Procuraduría, pues lo único que se revocó fue la suspensión.

Asimismo, la Fiscalía y la Contraloría también adelantarían las investigaciones correspondientes teniendo en cuenta la compulsa de copias realizadas desde la Procuraduría.

Las investigaciones son con fundamento en un documento firmado por dos delegados del Gobierno Nacional ante la Junta Directiva de la Comercio de Montería, en el que advertían que desde la entidad se habrían adjudicado millonarios contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros por un valor cercano a los 8.500 millones de pesos en los últimos cuatro años.

Entre las supuestas irregularidades, los delegados exponen situaciones en las que señalan que dos de estas empresas compartirían la misma dirección y en otros casos, los contratos tendrían igual objeto.

Las empresas con las que se habrían contratado los millonarios recursos serían Alliance Effort EU, Innovemp Korperschaft S.A.S, Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, y Rechts & Steuern, Corp S.A.S.

En ese sentido, la Procuraduría Regional de Córdoba, había ordenado practicar una visita especial a la Cámara de Comercio de Montería, con la finalidad de verificar la existencia de las distintas empresas, documentos de constitución y obtener copia de los estudios y documentos previos, ejecución de contratos y otros.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación investigaría sobre la presunta comisión de delitos como celebración de contrato sin lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Frente a lo antes expuesto, el presidente Ejecutivo, Félix Manzur, ha insistido en que todo su accionar misional y operativo se enmarcó en los estatutos y normas.

Ante el retorno de Manzur y los cuatro miembros de la Junta Directiva, uno de los denunciantes, el delegado del Gobierno Nacional, Jairo Díaz, sostuvo que “eso es un tema que no afecta para nada el curso de la investigación. La investigación continúa y la competencia sigue estando a cargo de la Procuraduría en lo que a ellos les respecta, dado que son particulares que administran recursos públicos”.

“Nosotros estaremos atentos a que prontamente se resuelva esta situación. De todas formas, hacemos un llamado a los diferentes entes como la Contraloría, la Fiscalía y a la Procuraduría, para que den una respuesta lo más pronto posible al comercio en general y a la sociedad cordobesa frente a la solicitud de investigación que formulamos como hechos irregulares al interior de la Cámara de Comercio de Montería”, agregó el delegado.

Finalmente, manifestó que las respuestas por parte de los entes de control se requerirían en el menor tiempo posible debido a que “independientemente de que sean servidores públicos o no, lo cierto es que manejan dineros públicos. El 95% del presupuesto de la Cámara de Comercio de Montería, proviene de dineros públicos”.