Exgerente de hospital del Magdalena gana tutela contra el gobernador Caicedo
La demandante señaló que el mandatario firmó un decreto en el que aceptaba su salida de la entidad, basándose en una carta de renuncia falsa.
Después de acudir a los estrados judiciales y solicitar el amparo de los derechos al trabajo, al debido proceso entre otros, Mayra Castro Brito le gana el pulso al gobernador Carlos Caicedo a quien denunció públicamente de haberla sacado con una carta de renuncia que nunca firmó.
Castro hasta el 6 de mayo se desempeñaba como gerente del hospital Santander Herrera de Pivijay pero a través del decreto 137 el mandatario departamental nombró su reemplazo. La funcionaria alegó que todo se trató de una estrategia para apartarla del camino al no aceptar que la utilizaran.
“Como no quise robar para ustedes por eso me sacaron, porque usted pensaba que el hospital es una tienda suya o de Fuerza Ciudadana. ¡Corruptos!”, señaló Castro, quien debe ser reintegrada en las próximas 48 horas.
“Además que la sacan de la entidad, funcionarios de la gobernación la presionan con un allanamiento, solicitando una documentación como si fueran organismo de control. El Juzgado nos da la razón en el entendido que existen serias dudas en la supuesta renuncia y por eso decide ampararla”, explicó Julián Quintana, abogado defensor de la gerente.
Sin embargo, la decisión de reintegro tiene la condición de vigencia por 4 meses, tiempo para que la accionante agote la vía ordinaria ante lo Contencioso Administrativo. “Apelaremos parcialmente la sentencia para que no sea por ese lapso sino hasta exista un pronunciamiento de la instancia a la que llegaremos”, continuó Quintana.
No obstante, una vez el equipo jurídico de la gobernación fue notificado del trámite en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, expresó en un comunicado que el titular de justicia estaba parcializado con el caso, porque su hija trabajó como pediatra en el tiempo en que Castro Brito estuvo al frente del hospital. Además anunciaron que demandarían al juez por violar los derechos al debido proceso y a la legítima defensa de la parte accionada.
Quintana concluyó que “pese al pronunciamiento del gobernador Caicedo, el juez no se dejó intimidar y obró en derecho”. Este es el segundo caso en el que se ordena un reintegro, el primero involucró a la gerente del hospital de Nueva Granada.
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