Estas son las manos de los presuntos ocupantes ilegales del Parque Tayrona
La Procuraduría y la Dirección General de Parques Nacionales recuperaron 3.409 hectáreas que eran sometidas a la explotación turística, dejando graves daños al ecosistema.
Proceso de desmonte de las construcciones hechas por los ocupantes. Foto: Cortesía(Thot)
El pasado 10 de noviembre la Procuraduría General de la Nación y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) dieron a conocer que, después de labores investigativas recuperaron la posesión de un predio propiedad del Estado y que era ocupado por particulares, en el cual desarrollaron construcciones, afectando el ecosistema del Parque Tayrona.
Las entidades nunca revelaron las manos sobre quienes reposaban las 3.409 hectáreas, solo las catalogó como “familias influyentes y reconocidas de esta región”, que no solo invadían sino que también usufructuaban el área protegida sin contar con ningún tipo de autorización o permiso de la autoridad ambiental.
Pero los anónimos propietarios no aceptaron el desalojo y acudiendo al mecanismo de tutela pelean contra la Procuraduría, PNNC y otros, para que en amparo al derecho a la propiedad privada y el principio de confianza legítima, fuera suspendida la demolición de los inmuebles allanados en la diligencia policial. Varias de las acciones impetradas han sido negadas por los respectivos juzgados.
El primer reclamante es Carlos Ernesto López Piñeros, quien asegura que el inmueble fue adquirido legítimamente en 2008 a Francisco Noguera Martínez, también accionante por otro predio recuperado.
El segundo en la lista es Carlos Alberto Anzola Martínez, el cual sostiene que desde el año de 1990 ostenta la propiedad del dominio tras una compraventa celebrada con Ana Elisa Pérez De Vives.
Otros de los referenciados son Omar Avendaño Narvaez, Roberto Charris Robellón y Rosario Noguera de Manzano. Los predios aquí descritos están repartidos en inmediaciones de la playa ‘Bonito Gordo’.
Testimonio vincula en el pleito a un candidato a Registrador nacional
El séptimo querellante de las propiedades demolidas es el médico Manuel Vives Pérez, quien alega que el bien en pleito hace parte de una sociedad familiar como dice constar en la escritura de venta número 794 del 27 de septiembre de 1929 de la notaría segunda de este circuito.
Pero la discusión por la legitimidad del título no se agotó en la tutela, ya que un testimonio vincula a un segundo actor, Joaquín ‘Jota’ Vives, hermano de Manuel y quien ha estado en el sonajero político del Magdalena, por sus iniciativas electorales; y del país, cuando aspiró a tomar las riendas de Registraduría Nacional.
Según la explicación que entregó el cuidador del inmueble a los funcionarios de Parques mientras realizaban el procedimiento, ‘Jota’ “es el verdadero dueño del predio denominado Concha y Palangana”.
La W conversó con Joaquín Vives quien dijo que “categóricamente desmiento tal afirmación, puedo demostrar que jamás he tenido predio alguno por allá. Y sobre el bien en asunto lo visité una vez en la vida, hace 15 o 20 años. No existe ningún vínculo lejos de lo familiar con mi hermano. Es proterva esa aseveración”.
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El esfuerzo de PNNC y la Procuraduría no cesa, pues, hay en curso un proceso investigativo que apunta a un hotel construido en el sector de ‘El Zaíno’ que tendría como propietario oculto a un congresista del Magdalena.
Este mismo hotel está denunciado ante la fiscalía desde el 2016 y en él se han realizado allanamientos. Y para el colmo, sin explicación alguna, se sabe que cuenta con registro hotelero para su funcionamiento en un área protegida.
De acuerdo con el último diagnóstico jurídico que evalúa la propiedad, tenencia y ocupación del Parque Tayrona, existen 20 áreas que le pertenecen al Estado pero están en manos de particulares.
