Encuentran irregularidades en contratos del puente Pumarejo

Tras evaluar la gestión de los contratos para la construcción del puente Pumarejo, en la cual se realizó una inversión de $800 mil millones de pesos, la Contraloría encontró siete irregularidades.

En el informe de conclusiones elaborado por el ente de control, se destaca la suscripción del otrosí modificatorio al contrato de obra 0642 de 2015. Según la Contraloría, no se encontraron justificaciones precisas para la viabilidad de dicha cláusula dentro de la documentación aportada por el Invías.

Otra de las irregularidades que señala el informe tiene que ver con 67 de los 175 ítems requeridos para la ejecución del proyecto fueron ofertados por un valor inferior al referido en los pliegos y los restantes ítems se ofrecieron al precio máximo del presupuesto oficial.

En el informa también se cuestiona el efecto económico del cambio de norma sísmica de diseño de puentes en el país por parte del Ministerio de Transporte en 2015. Pues, como fue necesario ajustar el diseño elaborado, se aprobaron 268 ítems nuevos, que no estaban previstos y que requirieron $120 mil millones más para dar cierre financiero al proyecto.

En la revisión del reporte de las reservas presupuestales entregado por el Invías para las vigencias 2015, 2016, 2018 y 2019, el ente de control afirma que se configuran fallas del sistema de control interno del instituto, considerando que los funcionarios a cargo debieron gestionar con antelación a la tesorería para la constitución de las reservas presupuestales dentro del término establecido.

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En cuanto al desarrollo de la ejecución de las apropiaciones presupuestales determinadas para este contrato, la Contraloría, estableció que se constituyeron un total de trece reservas presupuestales por un monto superior a los $37 mil millones.

Así mismo, se encontró inconsistencias en algunas de las 107 facturas por más de $678 mil millones que fueron entregadas por el Invías con relación a la ejecución del contrato.

Finalmente, el ente de control, evidenció en el informe que  la no reclasificación de los saldos de las cuentas de bienes de uso público en construcción a bienes de uso público en servicios, con base en la aplicación del principio de esencia sobre la forma, conllevó una sobreestimación por incorrección material por valor superior a los $772 mil millones.