El Instituto de Salud de Bucaramanga habría comprado un parlante por 74 millones
El Concejo de Bucaramanga llevará a entes de control a nivel nacional estas supuestas irregularidades del Isabú.
La denuncia se hizo en un debate de control del Concejo de Bucaramanga, en el que Carlos Parra y Danovis Lozano, indicaron que el Instituto de Salud de la ciudad, ISABÚ, habría comprado un parlante por 74 millones de pesos durante la pandemia.
Según Carlos Parra, el alquiler del parlante con un micrófono y un operador era para ser usado por un semestre, pero el concejal realizó la cotización en varias tiendas y el precio no llegaría ni a la mitad de lo que cobró el Isabú, es decir, el valor por máximo era de 130 mil pesos.
"Por 180 días fue el alquiler, nosotros cotizamos las mismas características , incluso mejores, fuimos tienda por tienda, el valor más alto fue de 130 mil pesos, pero lo que le cobran al municipio es de 400 mil pesos y por mucho saldría 3 millones de pesos, están cobrando 74 millones, por algo que pudo costar 3 , esa plata ya se pagó, y se perdió, esto fue en medio de la pandemia", dijo el corporado.
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Lo mencionado anteriormente fue un proceso contractual de promoción y prevención en salud en el que el Concejo estuvo de acuerdo que hubo sobrecostos.
Otra de las presuntas irregularidades mencionadas, fue que hubo un fenómeno de colusión, que trata de que personas se ponen de acuerdo para fijar precios del mercado.
"Como en los proceso de invitación pública, las personas jurídicas que hacían la cotización compartían integrantes de la junta directiva, quiere decir que no eran personas jurídicas diferentes , es decir ,estaban de acuerdo para fijar precios del mercado".
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Parra destacó otra anomalía y era la falta de idoneidad en el que un medio de comunicación regional hacía talleres de prevención de cáncer, y a la que le compraron kits de aseo para el Instituto de salud , ISABÚ.
"Una programadora de tv estuvo haciendo talleres para detención de cáncer, o comprando suministros de tapabocas, su límpido para el Isabú, hubo un proceso de direccionamiento contractual para influir en medios de comunicación.
Tras este debate, el Concejo aprobó que se hagan denuncias penales, disciplinarias en Fiscalía y Procuraduría, además, para que se haga un control fiscal en la Contraloría.