Denuncian mínimos avances en la investigación por la masacre de Karina García
Orlando García, padre de la excandidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, lamentó que, a la fecha, un año después del hecho, no haya información de los autores intelectuales.
El 1 de septiembre de 2019, sujetos armados asesinaron a las seis personas y luego las incineraron al interior de una camioneta. Foto: Cortesía(Thot)
Luego de un año de la masacre de la candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez, Cauca, Karina García Sierra, y cinco de sus acompañantes, entre ellos su madre, la investigación no ha avanzado lo suficiente, según sus familiares.
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El 1 de septiembre de 2019, sujetos armados asesinaron a las seis personas y luego las incineraron al interior de una camioneta, en el sector de La Betulia. Faltaban dos meses para las elecciones en el País.
Aunque las autoridades han reportado la captura de dos presuntos implicados, hasta el momento se desconoce el paradero del autor intelectual, pero versiones extraoficiales advertían que era uno de sus opositores que pagó una suma de 50 millones de pesos a un comandante guerrillero.
Orlando García, padre de la dirigente política, dijo que a pesar de las múltiples denuncias que realizó por acciones violentas en contra de su campaña, no le brindaron las garantías suficientes y fue asesinada.
Asimismo, señaló que, hasta el momento, un año después de la masacre, no le han informado oficialmente en qué va la investigación. Además, sostuvo que él y su familia tuvieron que adoptar medidas extremas ante las críticas condiciones de seguridad.
“Pedirles a las autoridades celeridad, aunque sea ahora para dar con los responsables. Este fue un hecho que se pudo evitar cuando mi hija clamó protección (…) En la Mesa de Garantías dijeron que ella buscaba protagonismo y mire el resultado”.
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Es de recordar que, el Gobierno Nacional atribuyó el hecho a la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc, al mando de Leider Johany Noscué Bototo, alias Mayimbú, considerado objetivo de alto valor presidencial y por quien las autoridades sostienen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.
