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Denuncian graves violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca

Organizaciones sociales reportaron que entre el año 2019 y lo corrido del 2021 se han registrado 213 homicidios, 826 amenazas, 68 atentados, 16 masacres y 125 combates.

Las comunidades denunciaron el crecimiento de los grupos armados ilegales y las disputas por el control del territorio . Foto: Colprensa

Las comunidades denunciaron el crecimiento de los grupos armados ilegales y las disputas por el control del territorio . Foto: Colprensa(Thot)

Un llamado a la comunidad internacional, hicieron las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes al exponer un preocupante panorama en materia de derechos humanos en el norte del Cauca.

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Según el observatorio de derechos humanos de las organizaciones sociales de esta región, entre el año 2019 y lo corrido del año 2021, se han presentado hechos que se configuran en violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, DIH:

Homicidios:                                     213

Amenazas:                                      826

Atentados:                                      68

Masacres:                                        16

Hostigamientos/combates:                125

Edward Prado, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, Norte del Cauca, dijo que hay una gran preocupación por el crecimiento de los grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial.

“Nos preocupa el asesinato de comuneros afro, campesinos, indígenas, líderes, guardias representativos y el reclutamiento de menores ante la mirada complaciente de la Fuerza Pública en territorios militarizados”.

Las comunidades aseguraron que la misma situación se presenta en regiones como Nariño, Chocó, Catatumbo, Urabá y en territorios marginados, afectados por la no implementación del acuerdo de paz.

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A esto, se suma la alta presencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y los hechos de violencia intrafamiliar y sexual.

Los voceros hicieron un llamado al Gobierno, al Ministerio Público y a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que pongan su mirada en esta zona, y se ejecuten planes conjuntos para construir escenarios de paz.

“Nos declaramos en asamblea permanente y anunciamos la realización de recorridos territoriales e intercambios de saberes para acompañar a las comunidades afectadas por la violencia”.

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