Demandarán a juez del Magdalena por presunta parcialidad y tráfico de influencias
La queja será presentada por el mismo gobernador quien asegura que el togado está violando los derechos al debido proceso y a la legítima defensa.
Demandarán a juez del Magdalena por presunta parcialidad y tráfico de influencias . Foto: Colprensa(Thot)
Una tutela presentada por Mayra Castro Brito, exgerente del hospital de Pivijay, Magdalena, contra la gobernación, por vulneración de los derechos al sacarla de su cargo con una carta de renuncia, a su juicio, no probada que sea de su autoría, genera un cuestionamiento del mandatario departamental Carlos Caicedo.
El gobernador asegura que el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonnet Pérez, se ha parcializado con Castro impidiendo que el ente territorial, como parte accionada, pudiera participar en la diligencia en la que la exfuncionaria exponía sus alegatos, acto en el que también participó la Personería Municipal.
Caicedo cuestionó la conducta comportamental de Castro Britto, “quien en procura de sus intereses ha manifestado ser madre cabeza de familia cuando es un hecho de público conocimiento que convive con el padre de sus 2 menores hijos en un exclusivo sector de Santa Marta. Es censurable como en abierta ofensa a la conciencia humana, la señora Castro instrumentaliza a sus hijos, recurriendo a la mentira con el fin de inducir el error al juez”.
El presunto tráfico de influencias en este caso, según la gobernación, se configura en los nexos contractuales que Laura Bonett Daza, hija del juez, suscribió como pediatra por 11 días de trabajo en el hospital que regentaba Castro por valor total de $10 millones de pesos, asimismo, en la contratación de la esposa del hermano del personero, quien estaría favoreciendo a la accionante.
“Si los jueces de tutela persisten en esa práctica de violar con sus decisiones los derechos de la Gobernación, no dudaremos en interponer las acciones jurídicas pertinentes para evitar que el ejercicio abusivo de la acción de tutela se convierta, en manos de jueces sin rigor, en una especie de caja de pandora para amparar los más disimiles y reprochables intereses”, concluyó Caicedo.
Por su parte, Mayra Castro, se ha mantenido en que “existe falsedad en el decreto en el que aceptan mi renuncia, dado que yo no he presentado ninguna carta. La gestión que venía ejecutando demuestra resultados, por lo que no habría un acto que me motivara a salir”.
