Defensor del Pueblo advierte un agresivo deterioro ambiental en la Ciénaga Grande
El representante del ministerio público indicó que los daños, además de generar efectos en el ecosistema, también llegan a las comunidades palafíticas.
En la agenda de la visita del defensor del pueblo, Carlos Camargo, al Magdalena estuvo la situación del complejo lagunar, donde a la fecha han empezado a recabar evidencias que les permita consolidar un informe sobre los daños que sufre el ecosistema y las poblaciones asentadas en la Ciénaga.
Camargo dijo que empezó a dirigir una serie de recomendaciones a las autoridades ambientales del Magdalena y el Atlántico, las Corporaciones Autónomas de estos 2 departamentos, así como a los gobiernos locales de Sitionuevo y Puebloviejo, para que inicien acciones que permitan frenar la agresividad de este deterioro.
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“Son evidentes los daños en esta área… Y los pobladores no merecen vivir en esta condiciones, por eso hago un llamado para que se logre un equilibrio ambiental”, señaló el defensor al cuestionarle sobre los 7 millones de dólares que anunció el presidente Duque para la conservación y preservación de la Ciénaga.
Según Camargo, es obligación de las secretarías de Salud vigilar la calidad del agua para el consumo humano, mientras que las empresas de los servicios públicos deben elaborar el estudio de riesgo que garanticen la potabilidad del líquido.
La Defensoría ha precisado que la situación ambiental es ocasionada por la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de recursos maderables, erosión costera, taponamiento de caños y ríos, vertimiento directo de aguas residuales y residuos sólidos, introducción de especies como búfalos, mortandad de bosque de manglar y de peces, proyectos de infraestructura vial, entre otros tópicos.
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Además del tema medioambiental, el representante del ministerio público se reunió con defensores de derechos humanos, líderes del paro y representantes de las veedurías ciudadanas, donde las quejas más insistentes de los samarios fueron la falta de agua potable y la precariedad de los servicios de la salud.
“Tras escucharlos nuestro deber es apalancar con nuestros mejores esfuerzos para lograr que las distintas instancias posibiliten la solución de todos esos problemas para que se dé el restablecimiento de los derechos de quienes están en situación de riesgo”, concluyó Camargo.