Declaran de ‘impacto nacional’ hallazgos en obras de Caicedo y Martínez en Santa Marta
El efecto de esta medida concentra todo el proceso ahora en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General.
Mediante el auto 0020, la Contraloría General de la República declaró de impacto nacional los hechos relacionados a los hallazgos fiscales de contratos por $45.750 millones de pesos de la Alcaldía de Santa Marta en los periodos de Carlos Caicedo y Rafael Martínez.
Ocho items de los sometidos a control excepcional en 2019, pasarían ahora a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción, dada la gravedad de los hechos, la cuantía de recursos involucrados y el impacto para la ciudad.
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Tal inspección extraordinaria fue solicitada por el congresista del Magdalena Hernando Guida Ponce en mayo del año pasado, mediante una proposición aprobada por la Comisión IV de la Cámara de Representantes, con el fin de establecer presuntas irregularidades contra el patrimonio público por parte de los exalcaldes del Distrito.
Dentro de las obras cuestionadas se encuentran los proyectos de agua y alcantarillado, prometidos en los programas de gobierno y planes de desarrollo de Caicedo y Martínez. Así como las posibles irregularidades en el manejo de la Empresa de Servicios Públicos (Essmar) y la evaluable falta de capacidad técnica, administrativa y operativa, además las contrataciones directas de esta entidad por $11 mil millones de pesos, de los cuales $1.600 correspondieron a publicidad.
Del mismo modo, aparece en la lista del auto 2 proyectos del Sistema Estratégico de Transporte (SETP), las adecuaciones de corredores viales urbanos de la avenida del Ferrocarril y la calle 22. Hechos que tocan a la actual alcaldesa Virna Johnson, quien se encontraba al frente de la ejecución de los contratos.
El coliseo de Gaira por valor de $2.682 millones y los centros de desarrollo infantil de Bonda y Ciudad equidad, cuyo proyecto tuvo una inversión inicial de $6.954 millones de pesos, también serán analizados por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción.
Los contratos firmados en 2015 y 2016 con la fundación Paz y Reconciliación, que generaron una inversiones de $1.333 millones de la misma manera serán trasladados a la dependencia del órgano del control.
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Asimismo, fueron tranferidas las competencias de las obras de un centro de refrendación, como también el proyecto interadministrativo con la Universidad Francisco José de Caldas.
Este auto ordena la investigación de los hechos denunciados, bajo el marco de reconocerle a los implicados los derechos constitucionales de legítima defensa y debido proceso.
Al respecto, La W conversó con Hernando Guida Ponce, representante a la Cámara.