Cuestionan al fiscal que lleva el caso de la ‘Megabiblioteca’ en Santa Marta
Al funcionario le refutan una serie de publicaciones en las redes sociales a favor de los exalcaldes involucrados en la investigación.
Cuestionan al fiscal que lleva el caso de la ‘Megabiblioteca’ en Santa Marta. Foto: Cortesía(Thot)
En Santa Marta se ha generado una nueva polémica en torno a otra de las obras cuestionadas de los gobiernos de Carlos Caicedo y Rafael Martínez como alcaldes de la ciudad, la 'Megabiblioteca'.
Esta vez las miradas se centran sobre el fiscal que asumió el caso en 2018, a quien se le refuta una serie de publicaciones en las redes sociales a favor de los 2 principales involucrados en la investigación, previo a asumir el encargo, lo cual para la veeduría y algunos sectores políticos del Distrito no genera garantías de celeridad y transparencia en las investigaciones.
Por otro lado, a José Álvaro Russo también le cuestionan que sus hijas hayan suscrito contratos de $6 y $12 millones, con la actual administración para asesorías en la oficina de comunicación de la Alcaldía.
Los hechos han sido vistos como un supuesto pago de favores a la permisiva posición frente a los constantes aplazamientos de audiencia por parte de la defensa. El fiscal 11 de la unidad para la administración pública, le respondió a La W sobre estos señalamientos en su contra.
La respuesta del fiscal
Russo dijo que las veces en que se ha pospuesto la cita ha sido por la presentación de excusas justificadas en el derecho por los abogados de Martínez y Caicedo, y además por la disposición en el cronograma del Centro de Servicios Judiciales.
Contó que a un mes de haber asumido la investigación del caso ‘Megabiblioteca fase I’, requirió la audiencia preliminar de formulación e imputación de medida de aseguramiento en septiembre de 2018, y ante el fracaso de esta en febrero, marzo y agosto de 2019 volvió a realizar la solicitud que tampoco pudo desarrollarse.
El fiscal argumenta también que la condición de aforado de Carlos Caicedo freno el tránsito que llevaba la diligencia, toda vez que debían remitir su caso a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. A su juicio, la pandemia complicó el proceso por las condiciones sanitarias y laborales impuestas sobre la rama judicial.
Con relación a la contratación de sus hijas, el Fiscal advirtió que su vinculación data del año pasado cuando Andrés Rugeles fungió como acalde encargado de la ciudad, y que la permanencia de una de ellas en el cargo se debe a su profesionalismo y no al pago de favores.
Para este 15 de octubre está fijada la nueva audiencia en la que deberá comparecer Rafael Martínez.
