Contrato privilegia inversión de cancha de fútbol, en vez de camas UCI en Santa Marta

El proceso licitatorio para adjudicar la construcción de una cancha de fútbol en el barrio Gaira, al sur de Santa Marta, generó unas series de cuestionamientos a la alcaldesa Virna Johnson, quien dio continuidad al proceso a pesar de estar en plena pandemia.

La inversión de la obra será por valor de  $4.904 millones de pesos, y este viernes cumplió la parte final de la postulación de los oferentes. La polémica gira en torno a que aún en medio de la emergencia, la mandataria ha  olvidado la destinación de recursos para la adecuación de UCI, ventiladores y respiradores artificiales, pues, el Distrito no ha aumentado la capacidad desde que inició la crisis.

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El congresista, Hernando Guida Ponce, se pronunció al respecto, y aseguró que invertir en un escenario deportivo se sale del marco del Decreto nacional 417 en el que se declara la emergencia económica, social y ecológica en el país y se direccionan todos los esfuerzos al control y mitigación del virus.

A pesar  de las críticas recibidas, la Administración local no interrumpió el cronograma y a la audiencia de recepción de ofertas, previa al inicio de las obras, se presentó una sola firma. Y según lo dicho por el gerente de Infraestructura, Jhonatan Nieto, el proyecto no tiene reversa.

“Primero tenemos que evaluar si la oferta cumple con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros y así realizar la audiencia de adjudicación; si no, se declararía desierta. Estamos en ese proceso y la idea es que se cumpla con los requisitos contractuales”, precisó Nieto.

Sobre la financiación del proyecto, el funcionario recalcó que, “estos dineros son del Sistema General de Regalías y es un propósito de la administración anterior, el cual se aprobó en diciembre, y como es sabido, cuando se aprueba una obra se hace la destinación específica y como tal tenemos que cumplir con lo que fue aprobado”.

Y sobre la falta de camas UCI, el Gerente respondió que la Alcaldía está a la espera de la aprobación de un proyecto enviado al Ministerio Nacional de Salud.

Una vez surtidos todos los trámites en la etapa contractual, la proyección de esta obra es que se construya en 5 meses a partir de la firma del acta de inicio.

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Este no sería el único caso de presunta negación de los recursos públicos al sector salud, pues, el gerente interventor de la ESE Alejandro Próspero Reverend, Román de la Rosa, dijo que el Distrito le adeuda a la entidad cerca de $6.000 millones de pesos por concepto de asistencia médica a la población venezolana.

La expectativa frente a la disposición de nuevas camas incrementa, dado que existen indicios de remisiones de pacientes con COVID-19 desde clínicas en Barranquilla y el Atlántico.