Contraloría advierte que el Complejo Cultural del Porro no sería una obra útil
El ente de control sostuvo que en la obra ubicada en el municipio de San Pelayo, se habría detectado un presunto hallazgo fiscal por $17.655 millones de pesos.
En un extenso informe presentado por la Contraloría General de la República este 29 de septiembre, se advierte de las fallas constructivas de planeación y ejecución que se habrían encontrado en el Complejo Cultural del Porro, ubicado en el municipio de San Pelayo (Córdoba). El lugar es sede permanente del tradicional Festival Nacional del Porro.
El ente de control sostiene que la obra terminó convertida en un ‘elefante blanco’, y que se habría detectado un presunto hallazgo fiscal por un valor de $17.655 millones de pesos.
De acuerdo con la Contraloría, el proyecto desarrollado con recursos de regalías, se convirtió en una obra sin utilidad, por las graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad.
Foto: Contraloría
“Luego del proceso auditor adelantado por la Contraloría General de la República, se pudo constatar que la ejecución de este proyecto refleja una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz del municipio de San Pelayo y del contratista, toda vez que carece de sostenibilidad y no cumple con el objetivo por el cual fue aprobado y puesto en marcha”, establece el ente de control.
“El proyecto es calificado como un elefante blanco, debido al daño fiscal por una obra que no es útil, por la ejecución de un proyecto de inversión en donde no se cumplieron con las funciones, finalidades y servicios que motivaron su contratación, dadas las graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad de la obra”, se agrega en el informe.
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Lo anterior sería el reflejo tanto de debilidades en los procedimientos constructivos e incumplimiento de normas y especificaciones técnicas, como de falta de rigor en el control y supervisión técnica a cargo de la interventoría.
Asimismo, establece que desde que fue terminada la obra al día de hoy, esta solo es utilizada para un evento que se lleva a cabo por cuatro días en el mes de junio: el Festival Nacional del Porro.
La obra fue inaugurada en 2015, por el entonces alcalde de San Pelayo, José Jaime Pareja, quien actualmente, es investigado por su presunta vinculación en el cartel de la hemofilia en Córdoba.
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“Este es el hallazgo más relevante de una Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre del presente año la CGR a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron algunas Alcaldías del departamento de Córdoba y la misma Gobernación; y que tuvo como resultado 5 hallazgos fiscales por un total de $20.637 millones”, se establece por parte de la Contraloría.
Al tiempo se señala que “el hallazgo fiscal relacionado con el elefante blanco en que se convirtió el Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro, tiene también connotación disciplinaria. La obra fue inaugurada en 2015 y muestra hoy un evidente deterioro, por falta de mantenimiento, como se pudo verificar al atender una denuncia interpuesta ante la Contraloría General”.
Este proyecto tenía como objetivo general ofrecer un espacio cultural especializado donde se desarrollarán actividades de expresión artística, beneficiando a 1.607.519. habitantes.
¿Cómo y para qué se costea una obra en abandono y deterioro?
El Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro es sostenido por el municipio den San Pelayo con recursos de estampilla pro cultura, recursos de ingresos corrientes de libre destinación y recursos del sistema general de participaciones.
Para la Contraloría, la inversión de estos recursos del municipio se está direccionado a una obra que no está siendo empleada o generando alguna utilidad y uso.
Foto: Contraloría
Por lo evidenciado por el equipo auditor de la CGR, estos gastos e inversiones no habrían sido suficientes, ya que en la visita técnica realizada los días 2 y 3 de junio de 2020, sería indiscutible el deterioro y abandono en que se encuentra la obra:
*El acceso a la edificación se encuentra en mal estado, lo cual dificulta el ingreso al complejo.
*La zona de parqueo y otras áreas comunes se encuentran completamente llenas de maleza.
*La silletería del auditorio se encuentra deteriorada.
*Se advierte un avanzado deterioro en el cielo raso que, si bien obedece a la calidad del material empleado, se pudo informar a tiempo al contratista para que realizara las reparaciones en cumplimiento de la póliza de garantía.
*Los pasamanos tanto exteriores como interiores presentan oxidación.
“Todo lo anterior refleja el estado de una obra insostenible que presenta deterioro y abandono, afectando su utilidad y el cumplimiento del objetivo del proyecto conforme a lo aprobado por el Ocad. La obra se encuentra en malas condiciones que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura”, concluyó la Contraloría.
El ente de control también sostiene que lo revisado, se habría evidenciado que la obra desde que fue terminada no estaría siendo utilizada salvo para los días destinados a la celebración del Festival del Porro en el mes de junio, sin cumplir con la necesidad que llevo a la entidad para llevar a cabo la aprobación de este proyecto y su contratación.
“La cuantificación del daño obedece a la pérdida derivada de todos los costos y gastos en que se incurrieron; y por todos los beneficios que se dejan de percibir por la construcción de una obra que no ha sido utilizada de acuerdo a los fines y objetivos conforme a como fue concebida y ejecutada, lo anterior, conlleva que el proyecto no sea funcional ni sostenible; por consiguiente se configura un posible detrimento por valor de $17.622.382.389 correspondiente a la obra y $33.413.395 por la interventoría”, manifiesta la Contraloría.
La historia tras este proyecto, mostraría lo siguiente:
De acuerdo con la Contraloría, el municipio de San Pelayo fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción del Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro”, aprobado por el OCAD Regional Caribe mediante Acuerdo 007 del 09/07/2013 y el Acuerdo 22 del 27/04/2015, por un valor total de $19.032.707.780, con recursos del Sistema General de Regalías, fuentes de financiación del Fondo de Compensación Regional.
El ente de control fiscal sostiene que, para su ejecución, se celebraron dos contratos: el LP-003-2014 (contrato de obra) modalidad de contratación Licitación Pública con “la Unión Temporal Complejo Cultural San Pelayo”, por valor total de $ 12.866.652.782; y el 0036/2014 (contrato de interventoría) modalidad de contratación concurso de méritos, con el “Consorcio Intercomplejo Cultural” 56, por valor de $953.085.391.
El 9 de marzo de 2015, se habría realizado una prórroga de 2 meses y 15 días al contrato principal, para finalizar el 10 de junio de 2015. El 13 de mayo de ese mismo se hizo adición por mayores cantidades de obra por ítems no previstos, ya que desde el planteamiento inicial y a lo largo del proceso surgió la necesidad de otros ítems, como cerramiento, red de contraincendios, rampa a discapacitados y sistema eléctrico con requerimientos energéticos. Y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, se adicionó en valor el contrato.
Se presentó́ a OCAD y fue aprobado mediante acuerdo número 22 del 27 de marzo de 2015 por un valor de $6.165.854.998, de los cuales $5.709.124.998 eran destinados a la construcción de la obra y $456.730.000 a la interventoría. El adicional tiene fecha de 13 de mayo de 2015 y el valor del contrato ascendió a $17.622.692.389.
*Todo esto, atendiendo entre otras cosas, a un saldo no reintegrado a la cuenta única del Sistema General de Regalías (correspondiente a componentes del proyecto que no fueron ejecutados o lo fueron por menor valor), intermediación innecesaria y administración no requerida en el contrato interadministrativo No. 674 de 2013 del 5 de noviembre de 2013.
*Hubo además incumplimiento de los requerimientos establecidos en el proceso de licitación privada No. 12 y de las cláusulas del contrato interadministrativo No. 674 de 2013, estudios deficientes y falta de planeación.
*Esta ejecución se refleja en una gestión fiscal antieconómica, ineficaz y omisiva del ente territorial, frente a las acciones que debió realizar conforme a los estipulado contractualmente y en el desarrollo de las actividades establecidas en los objetivos específicos y generales.
*Tal situación condujo a que se pagaran recursos correspondientes a gastos administrativos innecesarios y no justificados, con cargo al presupuesto del contrato.
Todas estas presuntas fallas de gestión se traducen en la configuración de 3 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 tienen posible incidencia fiscal (por un valor exacto de $1.981.101.267), puntualizó la Contraloría General de la República.