Camacol pide "seguridad jurídica para la construcción" tras orden de demoler Aquarela
Camacol Bolívar señala que la solicitud del Mincultura de demolición no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta Aquarela.
Camacol detalla además que la actividad edificadora en Cartagena se encuentra en vilo. Foto: Cortesía(Thot)
Las directivas de la Cámara Colombina de la Construcción en Bolívar, Camacol, emitieron este miércoles un pronunciamiento sobre la seguridad jurídica en el sector de la construcción a propósito del polémico edificio Aquarela, sobre el que recientemente la Procuraduría y el Ministerio de Cultura le ordenaron a la Alcaldía de Cartagena proceder con su demolición.
En el comunicado señalan que, en Cartagena, el Ministerio de Cultura está desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, al solicitar a la Alcaldía tomar decisiones sobre un informe que “no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional Aquarela, ya que es un juez de la República, quien en el marco del proceso legal que se surte para el proyecto, la autoridad llamada a dar las instrucciones del caso”.
En referencia al informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que emitió un concepto que señala que el polémico proyecto habitacional presenta fallas y que la única forma de restituir los 619 metros cuadrados de espacio público que ocupa de forma irregular es demoliendo la estructura.
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Camacol detalla además que la actividad edificadora en Cartagena se encuentra en vilo porque a pesar de que los empresarios obtienen todas las autorizaciones y permisos, venden el proyecto y lo ejecutan, “pero luego se ven enfrentados a una suspensión que desconoce los derechos legalmente adquiridos a través de las licencias”.
La gerente de Camacol Bolívar, Angélica Salas, expresó que “el crecimiento social y económico que el sector edificador puede aportar a Cartagena, donde es evidente la necesidad de proveer viviendas a la población de menos recursos, no puede darse si la inestabilidad jurídica y la falta de institucionalidad no se erradican, en el marco de un trabajo en el que tanto el sector público como el privado ejerzan sus responsabilidades de acuerdo con la Ley”.
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Y cierran el pronunciamiento haciendo un llamado a las autoridades locales, “a ser cuidadosas con las medidas a adoptar”. “Reiteramos nuestro interés en que exista estabilidad jurídica y en que el sector de la construcción, siempre ajustado a las normas, siga jalonando el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad”.
