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Alcalde despacha desde restaurante evitando la oficina para no cumplir una orden judicial

El mandatario encargado de Tenerife, Magdalena también es señalado de cobrar coimas para desembolsar el pago total de una obra.

Richard Barros recibiendo de manos del gobernador Caicedo el decreto que lo nombraba como alcalde encargado. Foto: Gobernación del Magdalena

Richard Barros recibiendo de manos del gobernador Caicedo el decreto que lo nombraba como alcalde encargado. Foto: Gobernación del Magdalena(Thot)

El municipio de Tenerife, Magdalena sigue estando en el centro de la polémica en el departamento, el alcalde encargado, cuota  del Partido de la U, Richard Barros, ha protagonizado varias denuncias, desde favorecimientos a políticos tradicionales, hasta cobrar $50 millones de pesos para pagar una obra.

Barros también es señalado de negarse a cumplir una orden judicial que contempla el reintegro de 9 funcionarios del gabinete que fueron declarados insubsistentes en el marco de la ley de garantías, por la cual pasa la localidad en vista de las elecciones atípicas.

El alcalde señaló, en su momento, que los retiros se dieron por incompatibilidad con los profesionales, pero estos en su defensa, indicaron que Barros Perea estaba cumpliendo órdenes de un exalcalde que mueve los hilos políticos. A pesar de la orden judicial del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta que exigió los reintegros, el alcalde no les da la cara.

Prefiere despachar desde un restaurante en el vecino municipio de Plato y negarse a cumplir el fallo. Desde que se hicieron efectivas las 24 horas para la ejecución de la orden, hemos estado en la alcaldía pero nadie nos atiende. No comprendemos ¿Por qué hace caso omiso al juez constitucional?”, dijo Alberto Vanegas, uno de los accionantes de la tutela.

 

Por esta negativa los afectados iniciaron un incidente de desacato contra Barros, acusándolo de los delitos de “fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión”.

Los $50 millones para el desembolso

Por otro lado, la W conoció la denuncia de Jorge Dede, contratista que ejecutó la obra de ampliación de la plazoleta del cementerio municipal, adjudicada en el tiempo del fallecido alcalde Freddy Ramos, por valor de $198 millones de pesos.

Aliados de la alcaldía de Barros tienen trabados los pagos y se han dado a la tarea de exigirnos dineros para realizar los desembolsos… Él (Richard) me llamó y pidió ‘5 punticos’, interpretando que se trata de $50 millones de pesos. No nos han girado el dinero porque no accedí a sus pretensiones”, dijo Dede.

La W contactó al alcalde encargado para sus precisiones frente a las denuncias, pero no respondió la solicitud. 

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