A la cárcel alcalde, funcionarios y contratistas de Candelaria por presunta corrupción

El alcalde del municipio de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, fue enviado a prisión por decisión de juez de control de garantías, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado, tras cometer presuntas irregularidades en contratos para la construcción de canchas de fútbol y el mantenimiento de vías terciarias.

La medida también cobija a Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias, Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación, Jhonatan Ortiz Libreros, contratista de la Secretaría de Infraestructura, y a los contratistas José Ulises Asprilla Cárdenas y Jimmy Paz Castillo.

Según la Fiscalía los funcionarios de la Alcaldía de Candelaria habrían concertado con particulares para sacar provecho personal y apropiarse de los dineros del municipio.

El primer contrato investigado, suscrito por la administración anterior en noviembre del 2019, contempló la construcción de tres canchas de fútbol con baterías de baños y graderías, en los corregimientos Buchitolo, Arenal y Poblado Campestre por 229 millones de pesos y el tiempo de ejecución era de un mes. Sin embargo, la obra no se pudo entregar porque la Alcaldía no hizo estudios ni diseños que permitieran ejecutar la obra; además, el terreno no era adecuado para la instalación de grama, nunca se instalaron graderías y no había sistema de alcantarillado.

Pese a las irregularidades y a que el plazo de entrega de las obras ya está estaba vencido, se prorrogó el contrato y presuntamente los recursos dispuestos para ejecutar el mismo fueron invertidos en otras actividades.

Finalmente, las canchas no se construyeron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción, mediante documento, el pasado 12 de junio.

Por si fuera poco, la administración suscribió otro contrato para el mantenimiento de vías terciarias. Sin embargo, la Fiscalía pudo establecer que dichos recursos se habrían destinado para intentar terminar los escenarios deportivos.

En los dos casos, los funcionarios públicos encargados de las etapas precontractual y de ejecución, supuestamente, favorecieron al contratista José Ulises Asprilla Cárdenas para que se quedara con los dos mencionados contratos. Al parecer, ajustaron las normas existentes de contratación para beneficiarlo, falsificaron firmas y documentos, incurrieron en suplantaciones, y no ejercieron control ni supervisión.

El ente acusador logró establecer que los procesados pretendían direccionar otros contratos por más de mil millones de pesos que les permitiera quedarse con recursos de la Alcaldía.

Las presuntas irregularidades de contratación en la administración habían sido denunciadas por los líderes sociales Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, asesinados en Palmira el pasado 30 de enero.

Por este hecho fue capturado en julio del presente año, un hombre identificado como Duván Mauricio Domínguez Murillo, conocido como alias Tatauro.

Las investigaciones por el crimen de los dos líderes sociales continúan para establecer los autores intelectuales y las causas del mismo.

Delitos imputados a los procesados:

- Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaria: Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

- Jhonatan Ortiz Libreros, contratista de la Secretaría de Infraestructura: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

- José Ulises Asprilla Cárdenas, contratista: Interés indebido en celebración de contratos, contrato sin el lleno de requisitos legales, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.

- Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

- Jimmy Paz Castillo, contratista: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

- Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias: Concierto para delinquir agravado.