Una “terrible injusticia”: defensa del expresidente Uribe

Como una “terrible injusticia” el abogado Jaime Granados, quien oficia como defensor del expresidente Álvaro Uribe, calificó de injusta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó detenerlo en su domicilio mientras avanza la investigación por presunta manipulación
de testigos.

Dijo en un comunicado que su cliente es inocente. “El presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”, sostuvo.

El jurista advirtió que el testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado al expresidente de estar supuestamente implicado en la conformación de grupos paramilitares, los buscó para retractarse.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA DEFENSA DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

En mi condición de Defensor Principal del presidente Álvaro Uribe Vélez, recibo con profunda decepción la injusta determinación adoptada por la Sala Especial de Instrucción, la cual nos fuera informada por conducto de un comunicado prensa, frente al cual debo señalar:

El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte.

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Juan Guillermo Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado.

Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad.

Ya en el mes de abril de 2018, el abogado Cadena le informa al presidente Uribe que el testigo Monsalve ha hecho una carta en donde narra la verdad de los hechos, planteándole que éste había manifestado preocupación por su situación de seguridad. El presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Ello, no constituye soborno alguno.

El abogado Cadena ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión, mucho tiempo antes de haber informado tal situación al presidente Uribe, quién entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba porque no sólo su abogado le indicó que jurídicamente estaba facultado para ello sino porque, además, tal circunstancia no era una contraprestación, pues la supuesta carta, según le informó Cadena, ya existía. Adicionalmente, esto en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió, por parte del presidente Uribe, al testigo que faltara a la verdad. La carta adicionalmente nunca llegó a manos del abogado Cadena, ni del presidente Uribe ni fue presentada ante la Corte, ninguna inducción en error hubo.

El Presidente Uribe tampoco buscó ni instrumentalizó al Representante Álvaro Hernán Prada para que buscara sobornar a Monsalve. Ante una llamada del Representante Prada, con ocasión de información suministrada por terceros sobre la voluntad de Monsalve de retractarse, el presidente Uribe se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni soborno hubo.

En el caso de Carlos Enrique Vélez debe precisarse que la visita que el abogado Cadena le realizó en julio de 2017 no obedeció a ninguna instrucción por parte del presidente Uribe, se trató de una verificación autónoma que el abogado Cadena realizó tras conocer, por su cuenta, una información en la Cárcel la Picota.

El Presidente Uribe se enteró de la existencia del testigo cuando ya la carta había sido elaborada. Adicionalmente, en ningún momento autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento, lo cual por demás no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que el contenido de la carta firmada por Vélez era exactamente la misma a la versión que éste había dado 7 meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena.

El Presidente Uribe no autorizó que al señor Carlos Enrique Vélez ni a personas de su entorno ni a ningún otro testigo se le hicieran giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarias. Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, sólo fue informada por el abogado Cadena al presidente Uribe a mediados del año 2019, momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder.

No es cierto, como se está tratando de insinuar, en otra filtración que atropella el debido proceso, que el doctor Fabián Rojas haya hecho sindicación alguna en contra del presidente Uribe. Si el país conoce de forma íntegra el contenido de esa declaración podrá apreciar que nada de lo dicho por el doctor Rojas implica una actuación indebida del presidente Uribe.

Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, seguiremos trabajando para que el país conozca cuanto antes toda la verdad y cese esta terrible injusticia.