Suspenden a ocho miembros de la Cámara de Comercio de Cúcuta
La Procuraduría busca determinar si pudieron incurrir en falta disciplinaria al, presuntamente, avalar un incremento salarial entre el 15% y el 125% para cerca de 30 empleados.
Suspenden a ocho miembros de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Foto: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, a ocho miembros de la mesa directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Norte de Santander, por presuntas irregularidades administrativas y financieras en tiempos de emergencia sanitaria por la COVID-19.
La medida disciplinaria cobija al director ejecutivo de la junta directiva Héctor Jesús Santaella Pérez; al presidente de la junta, Francisco Javier Pabón Martínez; al vicepresidente, Germán Enrique Hernández Gómez, y a los integrantes de la junta directiva principal, Mario Alberto Latiff Gómez, Omar Gonzalo Quintero Torrado, Gonzalo Medina Valderrama, Fernando Del Corte Fajardo y Pedro Arnulfo García.
La Procuraduría Regional de Norte de Santander busca determinar si pudieron incurrir en falta disciplinaria al, presuntamente, avalar un incremento salarial entre el 15% y el 125% para cerca de 30 empleados, elegidos a criterio personal, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
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Para el ente de control resulta cuestionable el que al parecer se favoreciera a los gerentes y directores con un aumento de $1.200 millones en el presupuesto público, sin una presunta proyección real del ingreso, y probablemente sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por los estatutos de la Cámara de Comercio.
El Ministerio Público señaló que los investigados habrían podido vulnerar lo establecido en el artículo 25 del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y en el artículo 1602 del Código Civil, al presuntamente permitir que el director ejecutivo firmara como empleador y empleado los contratos de trabajo.
La medida cautelar de suspensión provisional se adoptó con el objetivo de evitar la continuación y reiteración de la presunta falta disciplinaria.
Los funcionarios podrán solicitar ser escuchados en versión libre.