Procuraduría llama a versión libre al magistrado Juan Carlos Granados
Con el propósito de garantizar a los servidores investigados el ejercicio del derecho de defensa, previo a la evaluación que deberá hacer el Despacho de la instrucción disciplinari
La Procuraduría llamó a versión libre al nuevo Magistrado de la Comisión de Disciplina, Juan Carlos Granados por la investigación que se le adelanta por el caso Odebrecht y la Ptar Salitre.
Se trata de una denuncia que llegó a la Procuraduría en 2017 contra el entonces Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, a quien se le abrió una investigación disciplinaria en 2018 por presuntas irregularidades en la licitación para ampliar la planta de saneamiento de aguas residuales de Salitre, que fue adjudicada en 2016 al Consorcio Expansión PTAR Salitre, integrado por la española Aqualia Infraestructuras (filial de FCC), la griega Aktor y la colombiana CASS Constructores y Cía (de los Solarte.
La licitación fue adjudicada por la Corporación Autónoma de Cundinamarca en medio del escándalo que ya había estallado en el mundo en contra de Odebrecht. En el proceso, el consorcio que se disputó la obra palmo a palmo fue Aguas del Salitre Odebrecht, integrado por Odebrecht y OTV.
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Según la Procuraduría, "pese a las diferentes comunicaciones que se han cursado de parte de la Procuraduría General de la Nación, la entidad mencionada no remitió las pruebas requeridas, estando actualmente vencido el término de la instrucción. Ahora bien, en su debida oportunidad, el doctor Granados Becerra rindió versión libre ante este despacho, oportunidad en la que solicitó ser escuchado nuevamente una vez llegara la respuesta del Banco Mundial”. Por encontrarlo procedente y con el propósito de garantizar a los servidores investigados el ejercicio del derecho de defensa, previo a la evaluación que deberá hacer el Despacho de la instrucción disciplinaria, se habilitará para el día 10 de diciembre de 2020, a. partir de las 9:00 am, una Sala de Audiencias no presencial, a través de la Plataforma Teams, para dar a los servidores investigados la oportunidad de ser escuchados en versión libre previo a decisión de cierre y la calificación que por mandato legal debe hacerse de la investigación disciplinaria.