Niegan solicitud de libertad al exsenador Richard Aguilar
El Tribunal consideró que, de dejar al exgobernador en libertad, se desconocería el principio de igualdad al cambiar de juez.
En medio del proceso que se sigue en contra del exsenador Richard Aguilar, el Tribunal Superior de Bogotá decidió mantener la medida de aseguramiento al considerar que esta, impuesta por la Corte Suprema de Justicia, previene una afectación inminente al proceso. Por tanto, argumentó que es procedente y de ninguna manera afecta el derecho de Aguilar al debido proceso.
Cabe señalar que Aguilar debe responder por su presunta participación en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
Así, este pronunciamiento se conoce en rechazo a la petición de libertad realizada por Iván Cancino, abogado defensor del exsenador, bajo el argumento de que la renuncia al Congreso no implica que el procesado pueda elegir su juez o buscar unas mejores condiciones en su proceso.
Sin embargo, el Tribunal consideró que, en caso de dejar a Aguilar en libertad, se desconocería el principio de igualdad al cambiar de juez. A su vez, agregó que, al pasar el proceso de la Corte a la Fiscalía, no se pierden los efectos de la indagatoria realizada al exsenador en el pasado mes de junio.
También consideró que no existe evidencia de que en esa diligencia se hubieran cometido irregularidades o se afectaran los derechos del procesado, puesto que se actuó conforme al segundo capítulo de la Ley 600: "No resulta razonable que por su renuncia al Congreso se tenga que tumbar la decisión, porque todo se hizo con base en la ley".
Así mismo, explicó que, si se declara inconstitucional la medida de aseguramiento, se derivaría en una especie de incertidumbre que "violentaría el derecho de igualdad, una desorganización en la administración de justicia". Por eso, en caso de acoger la decisión, el magistrado indicó que "se llegarían a absurdos sitios interminables si, en dado caso, el procesado, luego de renunciar a su cargo en el futuro, es nuevamente elegido y adquiere la condición de aforado en su calidad de congresista".
La defensa interpuso un recurso de reposición y aseguró que la petición no significa que se esté pidiendo la nulidad de la actuación de la Corte Suprema.
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EL CASO CONTRA RICHARD AGUILAR
Según la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte, el caso contra Richard Aguilar procede por irregularidades en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron cuando ejercía como gobernador de Santander. Los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015.
El alto tribunal ha advertido que Aguilar habría ordenado a algunos funcionarios de la administración departamental favorecer y entregar contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
Específicamente, se trata de un contrato para el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos.
En este caso, Aguilar habría obtenido más de 2.400 millones de pesos para sí mismo, como producto de “coimas”. Además, habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander por más de 3.500 millones de pesos, pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015.