Mujer de 67 años señalada de traficar moneda falsa
Se trata de María Antonia García, quien sería la encargada de comprar los billetes falsos de diferentes denominaciones y maquillarlos mediante un proceso artesanal.
Se trata de María Antonia García, quien sería la encargada de comprar los billetes falsos de diferentes denominaciones y maquillarlos mediante un proceso artesanal.. Foto: 'El Algoritmo del Poder' con Lucas Pombo
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de una mujer señalada de ser la principal articuladora de un clan familiar conocido como ‘Los del Sur’, dedicado al tráfico de moneda nacional falsa.
Se trata de María Antonia García, de 67 años, quien sería la encargada de comprar los billetes falsos de diferentes denominaciones, maquillarlos mediante un proceso artesanal de sombreado o envejecerlos para mejorar su apariencia. Posteriormente, los vendía en Bogotá a comerciantes, taxistas, conductores de servicio público urbano e intermunicipal, y otros sectores.
La banda ‘Los del Sur’, supuestamente, comercializaba las falsificaciones a precios muy por debajo del valor real. También hay indicios de que las enviaban por encomienda a otras ciudades del país. Los grandes afectados con esta actividad ilegal eran los ciudadanos que recibían desprevenidamente los billetes creyendo que eran auténticos.
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En la investigación se constató que hijos, hermanos y otros familiares de esta mujer harían parte de la red delincuencial, algunos de ellos fueron detenidos en un procedimiento anterior. Asimismo, se conoció que la procesada ya había sido condenada y tenía antecedentes por hechos similares.
María Antonia García fue capturada en diligencia realizada por funcionarios de la Policía Nacional en el sur de Bogotá. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, y concierto para delinquir.
La procesada aceptó los cargos en su contra y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.