Las papas calientes que tendrá que resolver Margarita Cabello al mando de la Procuraduría
La nueva procuradora deberá tomar decisiones disciplinarias que quedaron pendientes de la administración de Fernando Carrillo.
Es la primera mujer en toda la historia del Ministerio Público en sus más de 190 años. Foto: Colprensa(Thot)
Inicia funciones Margarita Cabello Blanco como nueva procuradora general de la nación. Es la primera mujer en toda la historia del Ministerio Público en sus más de 190 años, y entre los principales retos estarán la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente, la protección de líderes sociales, entre otros.
Fernando Carrillo deja el cargo con 6.572 fallos disciplinarios, así como 2.762 pliegos de cargos, es decir procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de juicio, algunos de ellos correspondientes a casos emblemáticos o de relevancia nacional y que no lograron ser resueltos en primera instancia hasta el día de hoy.
En el caso Odebrecht, por ejemplo, queda en manos de la administración de Margarita Cabello Blanco resolver los procesos contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes fueron llamadas a juicio disciplinario desde el 2018, por presunto conflicto de intereses en el proyecto de la Ruta del Sol. Igualmente queda por determinar si otros servidores públicos tuvieron algún tipo de responsabilidad en este escándalo, como es el caso de Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile y Antonio Guerra de la Espriella.
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Otro proceso que se debe resolver en la administración de Margarita Cabello Blanco es el relacionado con el exdirector de la Policía Óscar Atehortúa, quien enfrenta un proceso disciplinario por recibir a satisfacción 111 casas fiscales conocidas como CENOP en San Luis (Tolima), sin que se hubieran terminado. En dicho proceso se han presentado evidencias que comprometen seriamente al alto oficial y que antes de la vacancia judicial había llegado a la etapa de alegatos finales, es decir que el caso está próximo a ser resuelto en primera instancia.
La Procuraduría en primera instancia destituyó e inhabilitó por 20 años a los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, implicados en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, sanción que debe ser revisada por la nueva jefe del ministerio público, Margarita Cabello Blanco. Igualmente, se deben presentar resultados de la investigación por los hechos del 9 y 10 de septiembre, donde hubo por lo menos 256 quejas sobre presuntos excesos de la Policía en Bogotá.
A propósito de protestas, a la nueva procuradora se le pide desde algunos sectores que se declare impedida para conocer de las investigaciones que se adelantan por el motín del 21 de marzo de 2020 en la cárcel la Modelo de Bogotá y que dejó 24 internos muertos, aparentemente por excesos de la guardia del penal y otros hechos que son materia de investigación. La razón a su eventual impedimento se debe a que ella en esa época era ministra de Justicia y habría apoyado la intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en las violentas protestas de los internos.
Por un nuevo aplazamiento, no se pudo realizar la audiencia contra el senador del partido de la U Eduardo Pulgar, quien es investigado disciplinariamente por un supuesto soborno a un exjuez, a quien le ofreció dinero para que tomara una decisión de su interés. En un audio, el congresista habla de las “200 barras” que, de acuerdo con los testigos de la Corte Suprema, serían 200 millones. Esta audiencia de formulación de pliego de cargos quedó programada para el 25 de enero.
Un fallo histórico de la Procuraduría, en la administración de Fernando Carrillo, es el de la Corporación Autónoma Regional del Dique en Cartagena (CARDIQUE), donde se destituyó e inhabilitó por un término de 18 años a Olaff Puello Castillo, exdirector general, y Katherine Martelo Fernández, exsubdirectora de Planeación, por irregularidades en la contratación de trabajos para retirar sedimentos y vegetación del cauce de caños, canales, arroyos y reservorios, por más de $24.270 millones. Esta sanción debe ser revisada para emitir un fallo de segunda instancia por parte de la sala disciplinaria, ahora en la administración de la procuradora Margarita Cabello Blanco.
Otro caso de corrupción que se investigó durante la administración de Fernando Carrillo fue el de la Refinería de Cartagena (REFICAR), en el que se evidenciaron sobrecostos e irregularidades en contratación en la construcción de dicha refinería. Por estos hechos, fue destituido e inhabilitado por un término de 12 meses o el equivalente, que es el pago de $450 millones, el expresidente y representante legal de Reficar, Reyes Reinoso Yañez, mientras que Orlando José Cabrales, Diana Constanza Calixto, Javier Genaro Gutiérrez y Pedro Alfonso Rosales, quienes eran miembros de la Junta Directiva de Reficar, fueron absueltos. Esta decisión también debe ser revisada en segunda instancia en esta nueva administración
