Judicial

Juez investigado por corrupción se habría quitado la vida

Harold Fabián Daza se encontraba en proceso de colaboración con la Fiscalía, preparando un principio de oportunidad.

Murió el juez promiscuo de San Juan del Cesar (La Guajira), Harold Fabián Daza Díaz, investigado por corrupción. Foto: Proporcionada por Laura Palomino

Murió el juez promiscuo de San Juan del Cesar (La Guajira), Harold Fabián Daza Díaz, investigado por corrupción. Foto: Proporcionada por Laura Palomino(Thot)

Autoridades confirmaron que este miércoles 10 de junio murió el juez promiscuo de San Juan del Cesar (La Guajira), Harold Fabián Daza Díaz, investigado por corrupción.

El juez se encontraba en proceso de colaboración con la Fiscalía, preparando un principio de oportunidad. Al parecer se habría quitado la vida con un arma de fuego en una vivienda en Villanueva donde pagaba detención domiciliaria.

Daza era investigado por una demanda ejecutiva de mayor cuantía interpuesta por Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo contra el grupo Cementos Argos.

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Según fuentes judiciales, el juez se quitó la vida el mismo día que iba a iniciar el proceso de colaboración con las autoridades. Iba a hablar contra personas que intermediaron y de otros casos donde también había recibido dinero.

El juez, así como el abogado Tomás Javier Oñate Acosta y el empresario Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, se declararon culpables por supuestas actuaciones ilícitas en un proceso ejecutivo.

Las investigaciones indican que Manjarrez Pumarejo demandó a un conglomerado empresarial, con el propósito de que le pagaran 208.000 millones de pesos que, presuntamente, correspondían a dineros que le dejaron de pagar por la venta de un porcentaje de acciones de una compañía dedicada a la explotación minera.

En las labores de policía judicial se estableció que la millonaria pretensión se presentó ante el juez promiscuo de San Juan del Cesar (La Guajira), quien tendría cercanía con el apoderado del empresario demandante. El funcionario judicial, sin ser el competente por territorialidad, habría emitido órdenes administrativas contrarias a la ley como el embargo de cuentas, entre otras actuaciones.

Los imputados aceptaron su responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, cohecho propio, y cohecho por dar y ofrecer.

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